San Miguel del Puerto, Oaxaca. – Lo que pretendía ser el trazo de un nuevo desarrollo turístico o inmobiliario en las joyas ocultas de la costa oaxaqueña, terminó en un sello de clausura.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) frenó en seco las obras en las playas Mesa y Mañosa, luego de constatar la destrucción de más de 5,400 metros cuadrados de selva virgen sin un solo permiso de la Semarnat.
El operativo, realizado los días 4 y 5 de marzo, no fue obra del azar, sino la respuesta directa a una denuncia ciudadana de las autoridades comunales que circuló con fuerza en redes sociales.
El veredicto técnico es devastador: se abrieron caminos y se levantaron terraplenes a costa de la biodiversidad del distrito de Pochutla.

La radiografía del daño: Selva por cemento
La inspección federal reveló que los responsables de las obras no solo carecían de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), sino que procedieron con maquinaria pesada sobre ecosistemas frágiles:
Playa Mesa: Fue la zona más castigada. Se detectó la apertura de casi 1.4 kilómetros de calles y un terraplén, lo que implicó el derribo de 164 árboles de selva mediana caducifolia. La superficie afectada aquí asciende a 4,405 m².
Playa Mañosa: En este punto se trazó un camino de 342 metros lineales, destruyendo otros 1,027 m² de vegetación y derribando 66 ejemplares arbóreos adicionales.
En total, la Profepa estima una pérdida de 24.3 metros cúbicos de madera, un volumen que representa décadas de crecimiento de un ecosistema que sirve de barrera natural y refugio de fauna en la costa.
Desarrollo vs. Legalidad
La clausura impuesta es temporal total, una medida precautoria para evitar que la mancha de la deforestación siga creciendo.
Al no presentarse las autorizaciones de cambio de uso de suelo en terrenos forestales que emite la Semarnat, la Profepa ha iniciado un procedimiento administrativo que podría derivar en multas millonarias y la obligación de restaurar el sitio.
Este caso pone de relieve la vulnerabilidad de los terrenos comunales en San Miguel del Puerto ante intentos de urbanización «hormiga» que ignoran la normativa ambiental federal.
La Profepa advirtió que mantendrá la vigilancia en la zona para asegurar que el sello de clausura sea respetado y que los ecosistemas costeros de Oaxaca no sigan siendo moneda de cambio para proyectos fuera de la ley.












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