*Próxima semana entrará en operación un padrón público, consultable en línea, con el registro de todos los vehículos robados y recuperados en el estado
Oaxaca de Juárez, Oax., a 15 de julio de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), presentó un paquete de medidas orientadas a cerrar espacios de discrecionalidad en el manejo de vehículos asegurados, luego de un ejercicio interno de autorrevisión que identificó los puntos donde la institución era vulnerable a prácticas indebidas. La más relevante: la cancelación, con efecto inmediato, de la figura de depositaría temporal a favor de autoridades municipales, un esquema que en 2023 llegó a incluir 60 vehículos y que hoy se reduce a 22 unidades en proceso de conclusión.
Durante la conferencia de prensa el Fiscal General Bernardo Rodríguez Alamilla dijo que “hablar de controles internos en una Fiscalía es hablar de confianza, de legalidad y de la responsabilidad que tenemos frente a cada persona que acude a esta institución en busca de justicia”
El titular de la Fiscalía General Bernardo Rodríguez Alamilla al presentar el Modelo de Integridad Institucional, un esquema de revisión permanente que —dijo— busca que la Fiscalía “sea capaz de revisarse a sí misma, detectar errores, corregir desviaciones, prevenir abusos y sancionar cualquier conducta” contraria al servicio público.
Y presentó los resultados de un diagnóstico interno que documenta, desde hace meses, cuatro áreas de riesgo: la integración de carpetas de investigación, la elaboración de peritajes, el resguardo de vehículos y el uso de corralones y grúas. En cada una de ellas, la institución reconoció puntos donde podían presentarse condicionamientos indebidos —desde la apertura de carpetas hasta la contratación de despachos o servicios— y detalló las acciones concretas para cerrarlos.
En el caso específico de vehículos, a través del contralor interno, Jorge Cruz Caballero explicó que el aseguramiento de bienes es una figura prevista en el Código Nacional de Procedimientos Penales, con fines exclusivamente de resguardo de indicios o evidencias, y que la depositaría —regulada por los artículos 239 y 246 del propio Código— es temporal, requiere inventario previo y permanece siempre a disposición del Ministerio Público.
Y subrayó, al precisar que cerca del 90% de los vehículos recuperados por robo en el estado son, en realidad, propiedad de la Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados (OCRA), y no de particulares.
El Fiscal Bernardo Rodríguez Alamilla anunció un conjunto de acciones con plazos definidos. A partir de ahora, todo vehículo recuperado deberá devolverse a su propietario legítimo en un máximo de 72 horas una vez acreditada la propiedad. La próxima semana entrará en operación un padrón público, consultable en línea, con el registro de todos los vehículos robados y recuperados en el estado, para que cualquier persona pueda verificar el estatus de una unidad sin necesidad de acudir a las oficinas de la institución.
A esa medida se suma la creación de un área de verificación gratuita de vehículos en venta —ya disponible mediante cita a través del Centro de Atención en Línea— pensada para que, antes de concretar una compra, la ciudadanía pueda confirmar si una unidad cuenta con reporte de robo. La Fiscalía impulsará además una reforma para regular tarifas y obligaciones de corralones y grúas, un servicio que actualmente no tiene marco regulatorio en el estado y donde se han detectado cobros excesivos.
En paralelo, la institución avanza en la digitalización de las carpetas de investigación en delitos patrimoniales, con la meta de reducir su tiempo de resolución —de hasta tres años en algunos casos— a un máximo de tres meses, y en el seguimiento puntual a personas que presentan denuncias, como mecanismo de control de calidad sobre la atención que brindan las distintas áreas de la Fiscalía.
Para sostener estas medidas, la FGEO reforzó su Centro de Atención en Línea, disponible por WhatsApp y vía telefónica las 24 horas los 365 días del año, a través del cual se pueden presentar denuncias anónimas, dar seguimiento a carpetas de investigación, agendar citas y levantar quejas sobre la atención recibida.
La institución añadió que, como parte del mismo esfuerzo de integridad, la Contraloría Interna y la Visitaduría han sancionado en la actual administración a 102 personas servidoras públicas por conductas contrarias al servicio público, y que mantiene abiertas carpetas de investigación contra personal de la propia Fiscalía.
Además la próxima semana se presentará ante el Congreso local una propuesta de reforma legislativa para incrementar las sanciones aplicables a servidores públicos que incurran en actos de corrupción o condicionamiento de trámites, con la que la institución busca dar un paso adicional en la consolidación de este modelo preventivo.
Finalmente el Fiscal General Bernardo Rodríguez Alamilla expuso que “una Fiscalía fuerte no es aquella que nunca reconoce sus errores, sino aquella que tiene la capacidad de identificarlos, corregirlos y evitar que vuelvan a repetirse. Ese es el camino para servir mejor, ese es el camino para garantizar justicia”, resumió al presentar el conjunto de medidas.
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