*Adelfo Regino y especialistas perfilan la nueva Ley General de Derechos Indígenas
Staff / Disruptivo Mx
Con el objetivo de analizar y reflexionar sobre la evolución del reconocimiento constitucional de los derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, se llevó a cabo el Foro Académico «Del reconocimiento constitucional a la transformación del Estado: la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas».
Durante su ponencia, Adelfo Regino Montes, titular del INPI realizó un recorrido histórico por las reformas constitucionales enfocadas en los pueblos originarios, desde las pioneras modificaciones impulsadas en Oaxaca en los años noventa hasta la reforma constitucional del 30 de septiembre de 2024.
Sin embargo resaltó que esta última representó un hito sin precedentes al reconocer formalmente a las comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público con personalidad jurídica, patrimonio e instituciones propias.
El titular del INPI contextualizó que la reforma del año 2001 dejó vacíos estructurales al no concretar mecanismos eficaces para el ejercicio pleno de la autonomía, provocando una deuda legislativa federal que se prolongó por más de dos décadas.
Ante dicho panorama, explicó que el Gobierno de México impulsa la construcción participativa de la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos mediante un despliegue nacional sin precedentes.
Este proceso de construcción legislativa contempla la realización de 82 asambleas regionales de consulta y siete mesas temáticas de trabajo, complementadas con visitas informativas a miles de comunidades originarias para revisar las propuestas normativas en asambleas y talleres comunitarios.
El propósito fundamental radica en recopilar de manera directa las propuestas, saberes y exigencias de las comunidades para enriquecer el dictamen que se remitirá formalmente al Congreso de la Unión.
Regino Montes convocó a una articulación activa entre comunidades, academia e instituciones públicas para consolidar un marco jurídico secundario que haga efectiva la autonomía y la libre determinación.
En el marco del foro, Rodrigo Gutiérrez Rivas, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), enfatizó la necesidad de trascender el reconocimiento estático en el papel para detonar una transformación real en las estructuras del Estado mexicano.
Explicó que, si bien el constitucionalismo busca limitar el poder estatal y tutelar derechos fundamentales, las normas por sí solas resultan insuficientes sin procesos continuos de organización comunitaria, movilización social y participación colectiva.
Asimismo, subrayó la trascendencia de la propuesta de Ley General por su abordaje integral sobre la autonomía, el resguardo del patrimonio cultural, la validez de las autoridades comunitarias y el derecho irrestricto al territorio ancestral.
A su vez, Víctor Leonel Juan Martínez, director general de Derechos Humanos y Justicia Pluricultural de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), coincidió en que la reforma constitucional de 2024 marcó un paradigma histórico al elevar a los pueblos a sujetos de derecho público.
No obstante, puntualizó que la materialización de dicho avance dependerá de una legislación secundaria sólida y garantista que mandate herramientas operativas para el ejercicio del pluralismo jurídico, la justicia pluricultural y la autogestión de los pueblos y comunidades de Oaxaca y México.
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