*Se firman acuerdos reparatorios
Disruptivo Mx
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó las conclusiones definitivas de la investigación en torno al accidente ferroviario ocurrido en la Línea Z del Tren Interoceánico en Oaxaca.
Tras agotar las líneas de investigación, la institución confirmó la vinculación a proceso de tres personas y la reparación integral del daño para 145 víctimas a través de mecanismos de justicia alternativa.
Responsabilidades y delitos acreditados
De acuerdo con la integración de cuatro carpetas de investigación, el Ministerio Público de la Federación acreditó la comisión de los delitos de homicidio y lesiones culposas.
Los señalados como responsables directos son:
El maquinista.
El conductor.
El jefe de despacho.
Derivado de estas indagatorias, se obtuvieron órdenes de aprehensión y cateo, logrando que un juez dictara los autos de vinculación a proceso correspondientes.
Descarte de fallas estructurales y corrupción
Uno de los puntos clave del informe técnico es la exclusión de fallas en la infraestructura o actos de corrupción en los contratos.
Los peritajes en arquitectura, ingeniería civil y seguridad industrial determinaron que:
Infraestructura: Las vías, durmientes, fijaciones y balastro cumplen con las normas técnicas vigentes.
Equipo: Las locomotoras y vagones se encontraban en condiciones óptimas de operación al momento del siniestro.
Se analizaron 41 contratos públicos y 12 auditorías realizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, sin que se detectaran irregularidades penales en la adquisición o mantenimiento del equipo y la vía.
Justicia Alternativa y Reparación del Daño
La FGR informó que, con el apoyo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), se privilegió la justicia alternativa.
La empresa responsable mostró disposición para el resarcimiento, lo que derivó en la firma de acuerdos reparatorios.
Hasta el momento, 145 personas (114 adultos y 31 menores de edad) han recibido la reparación integral del daño de manera inmediata.
Según el marco constitucional, estos acuerdos permiten la extinción de la acción penal, ofreciendo una vía más eficiente para que las víctimas reciban compensación sin el desgaste de un proceso judicial prolongado.
