*Exigen estrategia integral ante desinformación e impunidad ambiental y frenar invasiones
Disruptivo Mx
La selva de Los Chimalapas no solo es el pulmón ecológico más importante de México y el hogar ancestral del pueblo Zoque; hoy en día, sigue siendo un territorio bajo un asedio silencioso.
A pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió en noviembre de 2021 una sentencia histórica e inapelable que ratificó 162 mil hectáreas a favor de Oaxaca y de las comunidades de Santa María y San Miguel Chimalapa, el avance real en la práctica es nulo.
Ante este panorama de parálisis institucional, el Comité Nacional para la Defensa y Conservación de Los Chimalapas ha alzado la voz con urgencia.
El organismo denuncia que la falta de acciones firmes por parte del gobierno federal está permitiendo que caciques e invasores reactiven viejas estrategias de confrontación y desinformación en la zona de Cintalapa, Chiapas.
El pulmón de México atrapado en la burocracia ambiental y agraria
Detrás del conflicto por los límites territoriales hay una crisis ecológica profunda. Las 162 mil hectáreas en disputa sufrieron durante décadas el despojo, la tala ilegal y la devastación de sus bosques bajo el amparo de la invasión promovida en su momento por el gobierno de Chiapas.
La conservación de esta biodiversidad depende directamente de la seguridad jurídica de sus legítimos dueños. El derecho comunitario y el equilibrio ecológico van de la mano: si el pueblo Zoque no tiene el control pleno de su territorio, la selva queda desprotegida ante la explotación clandestina.
Por ello, el Comité Nacional exige que se retome de inmediato la Mesa Interinstitucional en el marco del programa «Alianza para la defensa de la propiedad social de la Tierra y el Territorio».
Esta mesa debe sentar de urgencia al Sector Agrario, al Sector Ambiental federal, a las instancias de derechos indígenas y, de manera crucial, a la Autoridad y al Consejo Comunal Chima para rediseñar una estrategia de defensa integral.
Las tres exigencias clave a la SCJN y a la Presidencia
Para frenar la desinformación que los grupos de poder en Chiapas están difundiendo —asegurando falsamente a los pobladores que la sentencia de 2021 «sigue en revisión»— el Comité ha lanzado tres demandas contundentes.
A la SCJN: Que ejerza a la brevedad su derecho de atracción para resolver todas las acciones de defensa jurídica agraria presentadas por Los Chimalapas.
Definición de límites pendientes: Que el máximo tribunal resuelva de manera definitiva la situación legal de la zona sur (Arriaga-Tapanatepec). Aunque este punto no afecta directamente a Los Chimalapas, su postergación es utilizada por la oligarquía chiapaneca y los caciques de Cintalapa para manipular a los núcleos agrarios asentados ilegalmente y reactivar tensiones.
Saneamiento de los Tribunales Agrarios: Un llamado directo a la Presidencia de la República para cumplir la promesa pública de limpiar estas instituciones, destituyendo a los magistrados cuya corrupción, insensibilidad social e ignorancia de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos ha quedado demostrada.
«No miramos ningún avance real. En su lugar, observamos provocadoras movilizaciones de supuestos ejidatarios que buscan revivir la Coalición de ejidos del noroeste de Cintalapa» — alertó el Comité.
La paz social en el Istmo y la supervivencia de la mayor reserva de biodiversidad del país no pueden seguir esperando. El fallo legal ya se ganó en el papel; ahora toca al Estado mexicano aplicarlo en el territorio para hacer justicia al pueblo Chima.
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