*Califica de ilegal detención del líder del MULTI
Disruptivo Mx
En un acto calificado como arbitrario, violento y violatorio del derecho internacional, el Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas A.C. (Cedhapi) denunció públicamente el allanamiento de morada y la privación de la libertad de Macario García Merino, líder del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI) y representante de las familias desplazadas de Tierra Blanca Copala.
De acuerdo con el boletín urgente emitido por la ONG firmada por Maurilio Santiago Reyes, los hechos ocurrieron el 15 de mayo de 2026 alrededor de las 10:00 de la mañana.
Un comando de aproximadamente 20 elementos de la Policía Estatal de Oaxaca, a bordo de cuatro camionetas, irrumpió con «lujo de violencia» en el domicilio de García Merino ubicado en la comunidad de Agua Fría Copala, Juxtlahuaca, llevándoselo con rumbo desconocido.
La gravedad de la sustracción de García Merino radica en su estatus legal internacional. E
El activista es beneficiario directo y peticionario de la medida cautelar MC-279-22, otorgada expresamente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para proteger a las familias triquis desplazadas de Tierra Blanca Copala.
Esta acción policial representa una abierta contradicción institucional y política.
Apenas el 29 de abril de 2026, representantes del Estado Mexicano se habían reunido de forma virtual con los beneficiarios y la propia CIDH, comprometiéndose formalmente a respetar, salvaguardar y cumplir cabalmente con dichas medidas de protección.
«La actitud tomada por el Estado Mexicano al levantar al beneficiario Macario García Merino es desafiante a las medidas y acciones urgentes que emiten los organismos internacionales como es la CIDH», sentencia Cedhapi en su comunicado oficial.
Cedhapi exige a la Secretaría de Gobernación (Segob) y a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) que esclarezcan y notifiquen con urgencia la ubicación exacta del activista, debido a que tras el operativo policial quedó en calidad de desaparecido.
La ONG responsabiliza directamente al Estado Mexicano de la integridad física, psicológica y de la vida de Macario García Merino, así como de cualquier represalia en contra de los demás miembros de la comunidad triqui que cuentan con medidas cautelares.
Ante la vulneración del acuerdo, los peticionarios han solicitado formalmente que la CIDH requiera la intervención e imposición de medidas provisionales de carácter obligatorio por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un nivel superior de exigencia jurídica internacional.
Para avalar la denuncia por el uso desproporcionado de la fuerza y la falta de protocolos legales en la sustracción, Cedhapi informó que cuenta con material videográfico adjunto al boletín que acredita la forma violenta en que se ejecutó el arresto.
El suceso reactiva las alarmas de inestabilidad social en la región de la Mixteca oaxaqueña.
Mientras sectores gubernamentales opositores al MULTI argumentan razones judiciales detrás del arresto, las organizaciones de base indígena y de derechos humanos catalogan la captura como una detención política y arbitraria, argumentando que al momento del allanamiento las fuerzas policiales estatales no exhibieron una orden de aprehensión formal y violentaron el principio de protección internacional que el gobierno mexicano prometió vigilar semanas atrás.
Deja una respuesta