COPARMEX advirtió que con la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2027, la Cámara de Diputados desaprovechó una oportunidad estratégica para atender los principales desafíos del país pues lejos de corregir rezagos en seguridad, inversión productiva, salud, educación, promoción turística y competitividad, el proyecto fue aprobado sin cambios de fondo y sin una reorientación del gasto hacia las prioridades que pueden detonar crecimiento económico, atraer inversión y generar empleo formal.
De las más de mil 700 reservas presentadas por las y los legisladores durante la discusión del presupuesto, el único cambio aprobado fue una reducción de 6 mil millones de pesos al presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE).
Señaló que la decisión se adopta en la antesala del proceso electoral más grande en la historia del país y envía una señal equivocada sobre las prioridades nacionales. La certeza democrática constituye una condición indispensable para la estabilidad, la confianza y la inversión.
La inversión física representará apenas 2.6% del PIB, mientras que hace una década equivalía a 4.5%. Al mismo tiempo, el déficit proyectado asciende a 3.9% del PIB, superando el monto destinado a inversión física.
Esto significa que el país continúa utilizando deuda para financiar gasto corriente en lugar de ampliar su infraestructura y fortalecer su capacidad productiva. Además, ello se aparta del principio constitucional de que la deuda financie obras productivas.
La educación recibirá 1.26 billones de pesos, un incremento real de 7.6%; sin embargo, la composición del gasto revela un desequilibrio que merece atención. Mientras los programas de becas concentrarán 193 mil millones de pesos, los servicios educativos recibirán 185 mil millones.
Las becas son una herramienta valiosa, pero no sustituyen la calidad de la enseñanza, la formación docente, la infraestructura escolar ni el desarrollo de habilidades necesarias para acceder a empleos formales y mejor remunerados.
La salud contará con recursos por 1.11 billones de pesos, equivalentes a 2.8% del PIB, todavía lejos del 6% recomendado por organismos internacionales para avanzar hacia una cobertura universal efectiva.
La estrategia presupuestal en materia de seguridad tampoco logra corregir los rezagos acumulados. Aunque el rubro de Estado de derecho aumenta 10% en términos reales para alcanzar 401 mil millones de pesos, permanece por debajo de los niveles registrados en 2024 y 2025.
A ello se suma que las transferencias federales para seguridad en estados y municipios alcanzan 41.9 mil millones de pesos, apenas 3% más que el año anterior. Esta situación limita la capacidad de respuesta de quienes enfrentan diariamente delitos como la extorsión, que afectan directamente la actividad económica y la viabilidad de miles de empresas.













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