Remington / Opinión
Nadie está a salvo en la región del Istmo.
Esa es la única verdad que se respira en las calles de Juchitán de Zaragoza, una verdad que las balas se encargaron de firmar sobre el asfalto apenas unas horas después de que el Gobierno del Estado presentara, con bombo y platillo, su enésimo plan de seguridad.
El «Plan Juchitán por la Paz» nació muerto; fue una narrativa de escritorio que se desintegró al primer contacto con la pólvora.
La ejecución de tres personas el pasado sábado, entre ellas el hijo de un funcionario de primer nivel del gabinete estatal, no es solo una tragedia familiar que sacude las estructuras del poder en Oaxaca; es el síntoma inequívoco de un Estado rebasado.
Mientras el gobernador Salomón Jara condena los hechos en X (antes Twitter) y promete «redoblar esfuerzos», la ciudadanía se pregunta: ¿Por qué la autoridad siempre llega después de que los cuerpos han sido levantados?
La estrategia estatal parece padecer de una enfermedad crónica: la reacción tardía.
Lo vimos en la crisis del DIF y lo vemos ahora en el Istmo.
La inteligencia criminal y la fuerza del Estado se activan para la foto y el despliegue post-crimen, pero fallan sistemáticamente en la prevención.
En Juchitán, la realidad es un cóctel explosivo de disputas violentas entre grupos antagónicos del crimen organizado, aderezado con una evidente ruptura entre actores políticos de la región que ha dejado a la sociedad en medio del fuego cruzado.
Ya no es posible sostener el discurso de la «percepción» o culpar al pasado.
Las cifras son tercas y hoy tienen eco nacional. Fue el propio Secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, quien en cadena nacional le quitó el maquillaje a las estadísticas.
Oaxaca ya es parte del vergonzoso Top Ten de los estados con mayor número de homicidios dolosos en el país. El 5.9% de la violencia letal de México se genera aquí, en la tierra donde se prometió que la paz sería el eje de la transformación.
La muerte del hijo de un funcionario estatal ha desatado un debate necesario, pero doloroso, en redes sociales.
La pregunta es legítima: si esto le sucede a quienes tienen el respaldo del aparato gubernamental, ¿qué puede esperar el ciudadano de a pie, el comerciante, el mototaxista o el estudiante que transita por Juchitán?.
Los oaxaqueños necesitamos una autoridad que deje de llegar tarde a las citas con la justicia y que entienda que la seguridad no se comunica, se garantiza, pues de lo contrario, seguiremos siendo testigos de cómo la fuerza del Estado solo sirve para emitir condolencias a través de esquelas y recolectar casquillos de una guerra que nos está ganando y lo que es peor, matando.
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