*Tras casi 7 años del ataque con ácido contra la saxofonista, una jueza frena la liberación de Juan Antonio Vera Carrizal
*Consorcio Oaxaca denuncia la complicidad del Tribunal Superior de Justicia, hoy presidido por una mujer.
Disruptivo Mx
El intento de feminicidio con ácido sulfúrico perpetrado el 9 de septiembre de 2019 contra la saxofonista mixteca María Elena Ríos Ortiz sigue siendo la radiografía más cruda de la descomposición judicial en México y en especial en Oaxaca.
A casi siete años de una violencia extrema que marcó su vida, el proceso penal avanza a cuentagotas, sin una sentencia condenatoria firme y bajo la sombra de un pacto patriarcal e institucional que se niega a morir en el estado sureño.
Recientemente, el viernes 22 de mayo de 2026, el Tribunal Colegiado en Materia Penal y del Trabajo del Poder Judicial de la Federación sesionó de forma exprés. ¿El objetivo? Resolver el recurso de revisión con el que la defensa del empresario gasolinero y exdiputado priísta, Juan Antonio Vera Carrizal, buscaba obtener su liberación inmediata.
Aunque en una victoria frágil y parcial una jueza logró frenar la liberación del imputado —quien continuará en prisión—, la alerta feminista se mantiene encendida.
Tribunal de Justicia de Oaxaca: Una mujer en la presidencia, la misma opacidad de siempre
La llegada de una mujer a la presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca (TSJEO) prometía una era de transformación y perspectiva de género.
Sin embargo, la colectiva Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca ha puesto el dedo en la llaga: la estructura de justicia local sigue operando con una alarmante falta de imparcialidad y bajo sospechas de corrupción.
El caso de María Elena Ríos evidencia que tener a una mujer en la cúpula del poder judicial no garantiza justicia para las mujeres si las instituciones continúan arrodilladas ante la influencia económica y política de los agresores.
La conformación del tribunal que pretendía liberar a Vera Carrizal levantó alertas máximas.
El cuerpo colegiado estuvo integrado por las magistradas Brisa Albores Medina y Rocío Chong —cuyos nombres figuraron sospechosamente en los «acordeones» distribuidos por el Gobierno del Estado en la reciente elección judicial— junto al magistrado Jaime Allier, señalado por actuar de manera facciosa en beneficio de la administración estatal.
«La extraordinaria rapidez con que fue agendada la audiencia generó una alarma ante la posibilidad de una resolución favorable al agresor», alertó Consorcio Oaxaca.
Exigencia feminista: Justicia para María Elena Ríos
Ante este escenario de simulación, la organización civil Consorcio Oaxaca ha lanzado un enérgico pronunciamiento público con exigencias claras:Al Tribunal de Oaxaca: Garantizar resoluciones con perspectiva de género y apegadas a los estándares internacionales, vigilando de cerca el actuar de la magistrada presidenta.Ejecutar de inmediato la captura del prófugo Juan Antonio Vera Hernández y dejar de ceder a presiones políticas o económicas.
Al Poder Judicial de la Federación: No lavarse las manos. La devolución del caso a Oaxaca no los exime de su obligación de supervisar el proceso.
Al Mecanismo de Protección: Garantizar la vida y seguridad de María Elena Ríos ante las constantes represalias por su digna e histórica lucha pública.
El llamado de las colectivas es urgente y sororo hacia todo el movimiento feminista en México: la presión social no puede parar. Hoy se frenó la salida de un feminicida, pero mañana el logro puede revertirse si se aparta la mirada.
El Estado mexicano tiene una deuda histórica con la saxofonista, y esa deuda no se salda con discursos, se salda con una sentencia condenatoria firme.Siete años de impunidad y una red de complicidades
El historial del expediente penal es un monumento a la impunidad feminicida:
- Desfile de jueces: Al menos diez jueces han tenido el expediente en sus manos sin dictar una sentencia firme.
- La absolución exprés: En 2024, el juez José Gabriel Ramírez Montaño absolvió descaradamente a Vera Carrizal, una resolución tan aberrante que tuvo que ser revocada ese mismo día.
- Prófugo intocable: El hijo del agresor, Juan Antonio Vera Hernández, también implicado en el ataque y con orden de aprehensión vigente, permanece prófugo de la justicia ante la pasividad de la Fiscalía local.
- Cárcel de privilegios: Desde diciembre de 2024, Vera Carrizal se encuentra cómodamente en un hospital particular alegando supuestas enfermedades que la Fiscalía General del Estado de Oaxaca no ha sido capaz de acreditar con rigor.Violencia ácida en México: Un problema estructural
El calvario de la activista y artista oaxaqueña no es un hecho aislado.
Según datos oficiales del Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (BANAVIM), tan solo durante el año 2025 se documentaron 336 casos de amenazas y ataques por violencia ácida a nivel nacional.
El sistema no falla por incompetencia; opera como una maquinaria que tolera, normaliza y facilita la violencia de género.
Pese a que el pasado 13 de mayo de 2026 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) devolvió el expediente a la justicia local de Oaxaca con la instrucción obligatoria de actuar con perspectiva de género, el riesgo para la vida e integridad de María Elena Ríos sigue siendo inminente.
