*Contabilizan más de 287 feminicidios y 32 defensores asesinados
Disruptivo Mx
El segundo informe presentado por la Acción Colectiva por los Derechos Humanos en Oaxaca (ACDHO), no es solo un documento, son hechos violentos que nadie quiere aceptar y mucho menos reconocer.
En el emblemático Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca (IAGO), 23 organizaciones civiles revelaron un panorama de omisión, opacidad y simulación que tiene un costo impagable: vidas humanas.
El feminicidio como paisaje cotidiano
El dato es demoledor y debería provocar renuncias inmediatas, desde el inicio de la administración y hasta diciembre de 2025, Oaxaca suma 287 feminicidios, tan solo en 2025, el contador del horror se detuvo en 83 mujeres asesinadas.
Pero la cifra esconde una perversión mayor: el 14% de las víctimas son niñas y adolescentes.
En la entidad, ser mujer y joven es una sentencia de riesgo, especialmente en el Istmo, los Valles Centrales y la Costa, donde el 60% de los ataques se ejecutan con armas de fuego.
Si a esto le sumamos que solo en julio de 2025 desaparecieron 37 mujeres (de las cuales 12 siguen sin rastro), la pregunta es obligada: ¿Quién cuida a las oaxaqueñas?.
El Corredor Interoceánico: ¿Progreso o cementerio de activistas?
El informe pone el dedo en la llaga del proyecto estrella de la administración federal; el Corredor Interoceánico (CIIT). Lejos de ser la panacea económica, las organizaciones no gubernamentales lo identifican como el principal catalizador de violencia en el Istmo.
32 defensores asesinados: En dos años y medio, defender la tierra en Oaxaca se ha vuelto una actividad suicida.
70 agresiones colectivas: El 50% de los ataques a comunidades se concentran donde pasa el tren.
Atentados directos: Se documentaron 27 intentos de asesinato contra activistas.
Aquí el «desarrollo» no llega en vagones, llega con botas y armas para silenciar a quienes se oponen al despojo.
La crisis de derechos humanos en Oaxaca también tiene rostro de éxodo. En San Juan Mazatlán, más de 100 familias mixes han sido desplazadas por la violencia, mientras que en Rancho Ardilla y Rancho Minas el hostigamiento es el pan de cada día.
Las organizaciones son claras: lo que vive Oaxaca en materia de DH no son «incidentes aislados», es un patrón sistemático de actuación, aunado a que la autoridad no solo falla en proteger; criminaliza la protesta y simula consultas que no son más que trámites burocráticos para validar el atropello.
Oaxaca no está avanzando; está retrocediendo a los tiempos donde la bota del poder aplastaba cualquier disidencia, con la diferencia de que hoy se hace bajo el sello de una «transformación» que, para las víctimas, solo ha significado más sangre y menos justicia.
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