*Salomón Jara arrastra adeudos por 989 mdp
Disruptivo Mx
A tres años del inicio de la «Primavera Oaxaqueña», la Secretaría de Honestidad y Transparencia admite que la actual administración tiene casi mil millones de pesos sin solventar.
Mientras tanto, los ex gobernadores Alejandro Murat Hinojosa y Gabino Cué Monteagudo siguen «aclarando» miles de millones en un juego de impunidad técnica.
La titular de la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública, Leticia Reyes López, reveló que la administración de Salomón Jara Cruz no ha logrado solventar 989 millones de pesos correspondientes a 16 auditorías realizadas a diversas dependencias del ejercicio 2023 y 2024.
A pesar del discurso oficial que prometía una limpieza profunda, los números indican que el actual gobierno está cayendo en las mismas prácticas de sus antecesores: manejar recursos públicos sin dejar cuentas claras en el momento procesal oportuno.
La funcionaria estatal admitió que, bajo el amparo de los plazos legales, los exgobernadores Alejandro Murat Hinojosay Gabino Cué Monteagudo siguen en una etapa eterna de «aclaración».
- Alejandro Murat: Arrastra más de 3 mil millones de pesos pendientes por solventar a tres años de haber dejado el cargo.
- Gabino Cué: A casi una década de su salida, aún tiene mil millones de pesos bajo la lupa, en un limbo administrativo que parece diseñado para el olvido.
Reyes López reconoció que «se vuelve complicado» aclarar cuentas nueve años después, pero justificó que la ley aún les permite seguir presentando pruebas, lo que para la ciudadanía se traduce en una impunidad técnica donde el dinero desaparece, pero los expedientes nunca cierran.
La corrupción del pasado tiene un nombre clave: el Decreto 809. Leticia Reyes informó que las auditorías sobre este decreto arrojaron observaciones por más de 2 mil millones de pesos, concentrados principalmente en la Secretaría de las Infraestructuras (SINFRA) durante el sexenio de Murat.
Aunque se presume la inhabilitación de 16 exservidores públicos por 20 años y sanciones económicas millonarias, los nombres se mantienen bajo reserva y el dinero no ha sido recuperado, dejando la justicia en una simulación de trámites ante el Tribunal de Justicia Administrativa.
Respecto a los 989 millones de pesos que el actual gobierno tiene «pendientes de aclarar», la Secretaria de Honestidad mostró confianza en que sus compañeros terminarán por solventar.
Sin embargo, advirtió que si en este mes de febrero —tras los resultados de la tercera etapa de la cuenta pública 2024— no se entregan las pruebas necesarias, los expedientes pasarán al área de quejas.
