Propone Diputada Miriam Vázquez Ruiz sistema de auditoría y evaluación permanente para garantizar justicia con perspectiva de género
Con el objetivo de erradicar la violencia institucional y garantizar que la igualdad sustantiva sea una realidad en los tribunales, la diputada federal Miriam Vázquez Ruiz presentó una proposición con Punto de Acuerdo para exhortar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a fortalecer los mecanismos de control y formación en materia de la aplicación del Protocolo para juzgar con Perspectiva de Género.
La iniciativa busca que, a través del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), se establezca un sistema permanente de auditoría jurídica y evaluación sobre la aplicación del Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género. Asimismo, insta a la actualización de los programas de formación continua para que la capacitación se traduzca en una tutela judicial efectiva que prevenga la revictimización.
En el marco de la reciente Reforma al Poder Judicial de 2024, la legisladora de la Cuenca del Papaloapan subrayó que la reestructuración del sistema de justicia debe priorizar la transparencia y la rendición de cuentas, sobre todo para evidenciar un desempeño diferenciado en el acceso a la justicia sobre todo de grupos históricamente marginados de este derecho como las mujeres,”La justicia no puede seguir siendo un servicio al mejor postor, por eso con el nuevo Poder Judicial debemos garantizar que las personas tengan la certeza de que sus derechos serán protegidos bajo un enfoque de igualdad», afirmó la diputada.
En este sentido también señaló que a pesar de que el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género existe desde 2013, aun existen resistencias y dudas en su aplicación lo cual puede redundar en afectaciones en materia de derechos para las mujeres. Según datos de Mancha Valenzuela (2024), en el marco de un proceso consultivo durante la actualización del protocolo en el 2020 más del 78 % afirmó utilizar el Protocolo, de las cuales el 39.53 % indicó utilizar el Protocolo con regularidad, mientras que el otro 38.63 % declaró usarlo con muy poca frecuencia.
Por ello, ante este tipo de situaciones, la propuesta destaca que la aplicación de este enfoque que representa una obligación intrínseca y garantizada en nuestra Carta Magna se debe evaluar de forma continua para atender distintas problemáticas detectadas en su aplicación tales como la falta de formación multidisciplinaria para entender las brechas de género, la eliminación de persistencia de estereotipos que afectan la objetividad y replican la desigualdad así como el reto de terminar con la simulación o el uso superficial de este instrumento.
Así ante la transición hacia la elección de juzgadores por voto popular, la representante federal de morena Miriam Vázquez Ruiz enfatizó que es urgente consolidar un sistema de formación y evaluación integral con criterios pedagógicos y metodológicos actualizados, así como su medición mediante indicadores de desempeño específicos sobre la materia de género.
Finalmente, la legisladora no descartó una reforma para revisar la pertinencia de que en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la evaluación del desempeño no sea genérica, sino que incluya pruebas de capacidades específicas y competencias en derechos humanos, garantizando así un servicio profesional y empático con las víctimas.
