Disruptivo Mx
Bajo el asedio de individuos armados y supuestos agentes federales, la vida del defensor de derechos humanos Carlos Beas Torres pende de un hilo, por lo cual, organizaciones civiles responsabilizan directamente a los gobiernos estatal y federal ante cualquier atentado.
La tensión en el Istmo de Tehuantepec ha escalado a niveles críticos, toda vez que diversas organizaciones no gubernamentales (ONG’s), colectivos y defensores de derechos humanos han lanzado un llamado de auxilio internacional ante la ola de hostigamiento, intimidación y amenazas de muerte dirigidas contra Carlos Beas Torres, líder de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI).
Cronología del terror: 5 días de asedio
La denuncia detalla una serie de eventos que dibujan un escenario de riesgo extremo para Beas Torres y su equipo de trabajo, en un contexto donde la defensa del territorio se ha vuelto una actividad de alto peligro en Oaxaca.
- 15 de enero de 2026: Una ráfaga de metralleta sacudió las inmediaciones del domicilio del activista en Santa María Petapa, aproximadamente a las 22:15 horas. Un mensaje de plomo en la parte trasera de su vivienda.
- 17 de enero de 2026: Un sujeto armado fue detectado vigilando la casa del defensor en dos ocasiones. Al ser confrontado, el individuo fingió embriaguez para huir, dejando al descubierto el arma que portaba en la cintura.
- 20 de enero de 2026: Dos hombres que se negaron a identificarse irrumpieron en las oficinas de UCIZONI. Alegaron ser empleados de la Fiscalía General de la República (FGR) buscando notificar a personas desconocidas, una táctica común de vigilancia y amedrentamiento.
El Corredor Interoceánico: El epicentro del conflicto
Este hostigamiento no es aislado, ya que ocurre tras el descarrilamiento del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec (FIT) suscitado el pasado 28 de diciembre y en medio de una creciente presencia de prensa internacional en la zona.
Aunque recientemente se logró que el FIT y la SICT se desistieran de denuncias penales contra 14 campesinos ayuujk y tres integrantes de UCIZONI en Mogoñé Viejo, la violencia parece ser la respuesta ante los acuerdos alcanzados.
Las organizaciones señalan que la lucha por los derechos colectivos frente a las obras del megaproyecto federal ha puesto una diana en la espalda de los defensores.
Responsabilidad de Estado: «La defensa del territorio no es un delito»
Las ONG’s firmantes han sido contundentes: responsabilizan directamente al Gobierno del Estado de Oaxaca y al Gobierno Federal por cualquier agresión física o psicológica que sufran Carlos Beas o el equipo de UCIZONI. Denuncian que la omisión en la protección de estos activistas equivale a una sentencia de muerte.
Exigencias inmediatas:
- Protección Eficaz: Implementación de medidas cautelares reales para salvaguardar la vida de los integrantes de UCIZONI.
- Cese al Hostigamiento: El fin de la vigilancia y el asedio por parte de fuerzas de seguridad o grupos de choque.
- Investigación Seria: Que la Fiscalía no solo «abra carpetas», sino que dé con los responsables de las ráfagas y el espionaje.
Oaxaca no puede seguir siendo un cementerio de defensores sociales, ya que el Estado tiene la obligación de garantizar que defender la vida y la tierra no cueste la vida.
