Requiere atención integral desplazamiento

forzado interno: Guillermo Fernández Maldonado

Staff

Durante la realización del Congreso Nacional de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH), bajo la temática “Pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes”, el representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, Guillermo Fernández-Maldonado Castro brindó la conferencia magistral “Desplazamiento forzado interno”.

Acompañado por la presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Claudia Olivia Morales Reza; el defensor de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla y el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, destacó que para atender la problemática se requieren medidas integrales por parte del Estado.

Ante las y los ombduperson que integran la FMOPDH y la presidenta saliente, Nashieli Hernández Ramírez, titular de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, resaltó el reconocimiento del desplazamiento forzado por parte de las autoridades mexicanas, pues esto abre la puerta para que las personas que se encuentran en esta situación, puedan acceder a una atención adecuada.

Explicó que el desplazamiento forzado tiene causas diversas, entre las cuales se encuentra el efecto negativo del cambio climático, ya que las cifras del Banco Mundial indican que 216 millones de personas han sido víctimas de desplazamiento a raíz de fenómenos naturales.

También los conflictos políticos, territoriales y la presencia del crimen organizado son factores que inciden en este fenómeno, por lo que se hace necesario un enfoque de derechos humanos para brindar atención integral.

Abundó que México se caracteriza por ser un país de destino, tránsito y retorno con una especial concentración de personas desplazadas en los estados fronterizos, quienes se encuentran en una grave situación de vulnerabilidad, por lo que requieren de una intervención del Estado intercultural y diferenciada.

El representante de la Organización de las Naciones Unidas en México reiteró que en el país no existen cifras oficiales de desplazamiento forzado interno, sin embargo, la sociedad civil ha podido documentar algunos datos, como 356 mil 992 personas desplazadas de 2006 a la fecha, esta cifra corresponde a eventos de violencia que han provocado movilización masiva.

La ausencia de datos oficiales, señaló, ha complicado los procesos de restitución de derechos, pues las víctimas aun cuando legalmente cuentan con todos los derechos, enfrentan vacíos de protección.

Agregó que los grupos de atención prioritaria están en mayor riesgo de ser víctimas de desplazamiento forzado, por ejemplo, la violencia contra las mujeres en una de las causas por las que ellas y las niñas se ven obligadas a desplazarse en forma interna en el país.

Otros grupos, detalló, son personas defensoras de derechos humanos y periodistas, quienes muchas veces recurren al desplazamiento como una medida de autoprotección, por ello es importante que el Estado considere dentro de sus políticas públicas el monitoreo continuo de las causas que originan el fenómeno.

Guillermo Fernández Maldonado expuso que los pueblos indígenas y afrodescendientes también son altamente vulnerables a ser víctimas de desplazamiento forzado interno debido a conflictos de índole político, territorial e incluso a raíz de la presencia de grupos del crimen organizado, sin embargo, este tipo de situaciones quedan continuamente invisibilizados.

Mientras que, respecto a los organismos públicos defensores de derechos humanos, aseguró que estos deben contar con la capacidad para reaccionar y atender en forma adecuada las situaciones de desplazamiento.

Y resaltó el papel que desempeñan como observadores en los procesos de rendición de cuentas respecto a las acciones que realiza el Estado para atender a las personas en situación de desplazamiento.

Finalmente, insistió en que respecto al desplazamiento forzado el Estado debe buscar soluciones duraderas que permitan un retorno seguro, libre y voluntario que permita a las personas alcanzar una plena restitución de derechos, así como la recuperación de su proyecto de vida.