Impulsa Miriam Vázquez reforma constitucional para coadyuvar al problema del acceso al agua
La Diputada Miriam de los Ángeles Vázquez Ruiz, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados Federal, presentó una iniciativa con proyecto de decreto para reformar el Artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objetivo central de incluir a la «seguridad hídrica» como un principio y condición fundamental para el pleno ejercicio del derecho humano al agua.
La legisladora señaló que integrar en la Constitución la seguridad hídrica como condición y principio de actuación estatal, implica una mayor posibilidad de que este derecho humano al agua sea posible por las obligaciones y efectos en la gestión pública, cruciales para la viabilidad y protección a largo plazo de este derecho humano.
Así, ante este principio que busca garantizar la sostenibilidad del recurso en su totalidad, el Estado tendría que actualizar las leyes, políticas, programas y planes que persigan ese objetivo, teniendo ademas como consecuencia inmediata la de establecer y fortalecer todas las garantías necesarias para asegurar que el agua sea un recurso disponible, accesible y gestionado de manera sostenible y crear los mecanismos para proteger ese acceso frente a amenazas futuras.
De esta forma, agregó, la idea es robustecer y actualizar el Artículo 4o de la Constitución estableciendo un marco y objetivo estratégico, ya que la garantía de este derecho no solo es una cuestión de acceso inmediato, sino de sostenibilidad, gestión integral, prospectiva y resilencia del recurso, sobre todo considerando un contexto donde en los próximos cinco años puede ser el inicio de una crisis hídrica regional.
Así, la seguridad hídrica no solo se debe entender como un estado deseable sino como un enfoque que integra y reconoce la interdependencia de aspectos ambientales, sociales, económicos y el bienestar humano para proporcionar claridad de cómo se debe de abordar la relación entre el agua, la sociedad y el medio ambiente. Por ello, la intención de esta reforma, es otorgar mayor claridad en esta obligación de la gestión, más allá del derecho individual, dotando de un marco jurídico más robusto y moderno para enfrentar los desafíos hídricos del siglo XXI.
En este sentido, calificó como urgente la necesidad de legislar en materia de acceso al derecho humano al agua, ya que para el año 2030, acorde a las proyecciones del Atlas de Riesgos Hídricos, de la organización World Resources Institute, no se descarta que 14 de 32 entidades ubicadas en el Norte y Centro del país, calificadas con un agotamiento de agua (similar al estrés hídrico) inicien un riesgo real de menor disponibilidad de agua al no contar con suficiencia en los suministros renovables disponibles.
Por lo anterior, es necesario que se adapte nuestra legislación y se adopte este principio dado que el derecho humano al agua no puede ser plenamente ejercido ni garantizado de manera sostenible sin la seguridad hídrica. Asimismo, bajo este principio no solo se ayuda a resolver un problema de gestión, sino que es una condición esencial para abordar una compleja red de desafíos interconectados relacionados con el agua, concluyó la diputada morenista,
