*Al poder Judicial y a la Fiscalía, demanda revisar actuar de jueces y ministerios públicos
Carlos Hernández
Pijy, joven indígena Ayuujk de San Juan Mazatlán, Mixe libra no solo una batalla jurídica en contra de su agresor sexual, sino también se enfrenta a la revictimización por parte de Ministerios Públicos y Jueces locales.
En conferencia de prensa, la defensa y organizaciones no gubernamentales que le dan apoyo advirtieron sobre las grandes fallas y vicios que prevalecen en los sistemas de procuración e impartición de justicia.
Recordaron que la víctima fue informada que la causa penal se sobreselló, ya que presuntamente ella misma había acudido al juzgado de control para solicitar la cancelación de la orden de aprehensión, puesto que incluso había quedado asentado en la audiencia que ella se había casado con el señalado.
Ahí se dio cuenta que alguien más se había presentado con su nombre para cancelar el procedimiento penal contra Plácido N, Pijy volvió a ser víctima ahora no sólo de parte de Plácido N, sino del juez de control de Matías Romero, Omar Morales Simón, y el Ministerio Público Pedro Fierro Zárate.
Aunado a ello, explicaron fue clara la irregularidad de su cadena de mando que por omisión, grave negligencia o abierta complicidad no realizaron los procedimientos más básicos y elementales para verificar que la mujer que se presentó al juzgado para desistirse de la denuncia fuera en efecto la víctima.
Pijy comenzó una triple lucha, un nuevo proceso por el delito de suplantación, retomar el proceso por violación y además las investigaciones por corrupción en contra de las autoridades involucradas, más las luchas personales por el detrimento emocional, económico y familiar, lesionándose gravemente su calidad de vida.
Explicaron que a finales del 2024 retomaron el caso, y la autoridad ministerial hizo el compromiso de retomar las investigaciones, siendo así que a finales de octubre se ejecutó orden de aprehensión contra Plácido N y su pareja Carla N. por el delito de suplantación, uso de papeles falsos y falsedad de declaraciones judiciales.
A su vez, la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, encabezada por Elizabeth Lara Rodríguez, retomó el expediente de queja presentado en el año 2022 contra las autoridades involucradas y recientemente emitió la Recomendación 12-2025 contra la Fiscalía General del Estado por la responsabilidad de autoridades ministeriales en haber permitido que se efectuara la suplantación.
De donde, se instruye a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, entre otras cosas, la disculpa pública a la víctima, una reparación integral a la víctima que incluya una compensación justa y atención psicológica adecuada, así como las acciones necesarias para las investigaciones administrativas correspondientes para determinar la responsabilidad de funcionarios de la Fiscalía de Matías Romero.
“Quiero justicia”: Pijy
“Lo que yo he recibido ha sido revictimización por parte de los ministerios públicos, Pedro Fierro Zarate, el juez Omar Morales Simón y ahora Nelger Matus García”, advierte la joven durante la lectura de su carta.
Advierte sobre comentarios insensibles, desprecio hacia mi denuncia y actitudes que solo reflejan su incomodidad por haberlos expuesto, siendo ellos los únicos responsables de mis inconformidades.
Nada me gustaría más que dejar esto atrás, retomar mi vida y dedicarme únicamente a lo que me gusta. Pero mientras la justicia no llegue, mientras sus comentarios machistas sigan minimizando mi caso, mientras me digan que hay asuntos más importantes, mientras me enfrente con su falta de empatía y recursos como excusas, yo seguiré exigiendo, reitera.
Refrenda que “no tengo ningún interés económico, político ni personal, como se me ha acusado. Lo único que me mueve es lo que me corresponde por derecho, la justicia”.
Y exige a las diputadas del Congreso local y federal para que en el ámbito de sus atribuciones promuevan lo necesario para que un caso como el de Pi no vuelva a repetirse, legislando para que las leyes penales y procedimentales establezcan protocolos adecuados para controles más estrictos de verificaciones de identidad dentro de los procesos penales.
“A la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca le reconocemos su compromiso en el presente caso y también los exhortamos para que sus recomendaciones en la presente también alcancen a las actuaciones del Poder Judicial, en específico a las actuaciones del juez Omar Morales Simón sobre el que también pesan otras acusaciones por resoluciones irregulares como en el caso del feminicidio de María del Sol Cruz Jaquín”, lanza.
Por tanto, exigimos al Poder Judicial del Estado de Oaxaca la inmediata revisión de las actuaciones judiciales del juez Omar Morales Simón y una investigación profunda. A la Fiscalía General del Estado de Oaxaca el cumplimiento puntual de la Recomendación 12-2025 emitida por la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca así como la investigación, inhabilitación y consecuente destitución inmediata de los Ministerios Públicos Pedro Fierro Zarate y el actual Ministerio Público adjunto en Matías Romero, Nelger Matus García por las recientes violencias ejercidas contra la víctima, cierra.
