*La SCJN exige reparación; frena injusticia contra mujer chinanteca
Staff | Disruptivo Mx
Por unanimidad, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concedió un amparo a una mujer adulta mayor, indígena de origen chinanteco y monolingüe, quien permaneció privada de su libertad de manera injustificada durante 78 días tras ser acusada del delito de peculado en Oaxaca.
La resolución deja sin efecto el fallo dictado en 2025 por la Décima Primera Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), instancia que previamente había respaldado a la Secretaría de Bienestar al declarar infundada la reclamación de la víctima.
El proyecto, elaborado por la ministra Sara Irene Herrerías Guerra y modificado tras las observaciones del Pleno, ordena al TFJA emitir una nueva sentencia.
En ella, el tribunal deberá juzgar con perspectiva de género e interseccionalidad,analizando de forma exhaustiva los factores de vulnerabilidad que convergieron en el caso: género, edad, origen étnico y barrera idiomática.
Asimismo, la SCJN instruyó revalorar la totalidad del material probatorio para determinar la responsabilidad patrimonial del Estado y la correspondiente reparación del daño.
La historia se remonta al Programa Opciones Productivas (en su modalidad de Fondos de Cofinanciamiento) de la entonces Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), implementado en San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca.
La quejosa integraba el grupo comunitario “Independencia”, cuyo objetivo era la reproducción y crianza de cerdos. Los recursos económicos del subsidio fueron entregados directamente al representante del colectivo.
Tras auditores detectar irregularidades en la comprobación del gasto, Sedesol exigió la restitución del dinero y promovió una denuncia penal contra todos los integrantes del grupo sin ponderar roles ni responsabilidades individuales.
Con este fallo, la Suprema Corte sienta un precedente decisivo contra la criminalización de las poblaciones indígenas vulnerables ante las deficiencias administrativas de los programas sociales.
Una secuela de arbitrariedades
- 1 de octubre de 2012: Se consignó la averiguación previa y se ejerció acción penal contra la mujer.
- 18 de junio de 2019: Siete años después, se ejecutó la orden de aprehensión y la mujer fue encarcelada.
- 11 de noviembre de 2019: Tras cumplir 78 días en prisión, el Juzgado Octavo de Distrito en Oaxaca le dictó auto de libertad por falta de elementos para procesar, en acatamiento a una sentencia previa de amparo.
- 5 de octubre de 2021: La víctima promovió formalmente la reclamación por responsabilidad patrimonial del Estado contra funcionarios de la Secretaría de Bienestar, procedimiento que escaló hasta el máximo tribunal del país tras ser desestimado reiteradamente por el TFJA.
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