Caleidoscopio | Todo depende del cristal con que se mira
¿Politiza DDHPO homicidio del periodista Alejandro Leyva?
Flor Hernández/ DisruptivoMx
Fotografía: DDHPO
En un clima político contaminado por las luchas intestinas por obtener candidaturas de cara al proceso electoral 2027, la recomendación 16/2026 de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), respecto al homicidio del periodista Alejandro Leyva Aguilar, tiene un olor a putrefacción política y arribismo.
La defensora Elizabeth Lara Rodríguez ni siquiera dimensiona el daño que causa a la propia credibilidad del organismo al utilizarlo para sus fines personales y/o de grupo, valiéndose del dolor de las víctimas indirectas en este caso, con fines que nada tienen que ver con los derechos humanos.
La Recomendación 16/2026 se emitió el pasado 15 de septiembre de 2026, pero no se hizo pública hasta finales de octubre. ¿El motivo? Quizá solo ella lo tenga claro, pero parece un recurso desesperado para salpicar culpas ante su inoperancia y con un interés político tan evidente que en el documento, la Defensoría manifiesta públicamente su ineficacia y sus procesos burocráticos que se limitan a la emisión de oficios, en un modelo de actuación anacrónico que responde al antiguo régimen priista de hace 20 años, con todo el estilo de José Luis Soberanes.
La máxima actuación de un organismo defensor de derechos humanos (la Recomendación) se convierte en un recurso administrativo en el que la institución omite reconocer sus propias fallas en el tratamiento de este caso y señala responsabilidades de terceros, pero evidencia un profundo desconocimiento de sus propias atribuciones legales.
Más aún, el comunicado 040 emitido por la DDHPO da cuenta detallada de su inacción. El texto indica que, desde julio de 2025, el periodista Alejandro Leyva acudió personalmente para denunciar ataques, hostigamiento y amenazas de muerte, manifestando que su vida estaba en riesgo.
Ante estos hechos, la Defensoría se limitó a solicitar información a otras dependencias, mediante escritos estériles, lo que hace evidente la carencia de interlocución directa de la titular con otras dependencias gubernamentales.
El periodista reportó nuevas amenazas de muerte en febrero de 2026, y una vez más, la DDHPO se limitó a girar oficios como mero trámite burocrático. Meses después, en julio de 2026, el periodista fue asesinado.
Esta inacción comprueba que la dependencia no previene violaciones a los derechos humanos, sino que siempre actúa una vez que los derechos ya fueron violados y las consecuencias son trágicas.
La Defensoría cuenta con mecanismos preventivos, entre ellos: el Análisis de Riesgo al que todo periodista tiene derecho; las Medidas Cautelares, que pueden ser emitidas en un plazo máximo de 72 horas, de acuerdo con su propio “Protocolo de Implementación”; la Alerta Temprana que se utiliza para evitar violaciones de irreparable reparación.
En ningún momento, la Recomendación hace mención de por qué no se utilizó alguna de estas estrategias, o todas ellas, para llamar la atención de las autoridades, aquellas que han sido intocables.
Las limitaciones técnicas del organismo autónomo impidieron solicitar acciones de intervención a la Secretaría de Seguridad Pública, o incluso reuniones presenciales con el Mecanismo de Protección a Periodistas. Solo se mandaron oficios y más oficios redactados desde los escritorios.
Este proceder reactivo refleja un patrón institucional: el trámite administrativo sobre la acción preventiva.
La actual administración de Elizabeth Lara Rodríguez ha sido tan desastrosa que lo primero que hizo fue despedir a decenas de trabajadores a su llegada, cerrar las puertas de la Defensoría, instalar cámaras, evadir atender los conflictos reales que ocurren en el estado.
El desinterés (por decir lo menos) se extiende más allá de la libertad de expresión, mientras pueblos y comunidades del interior del estado enfrentan hechos de violencia (como las agresiones cometidas por Santo Domingo Teojomulco contra habitantes de San Pedro el Alto, los homicidio en la región triqui y los desplazamientos en la zona mixe), la defensora celebra homenajes o presume cursos de capacitación.
Las Recomendaciones emitidas sobre desplazamiento forzado, cuestiones agrarias, religiosas o electorales, tienen tantos años de retraso que carecen de utilidad, incluso las propias víctimas indirectas han rechazado estos documentos.
El problema tiene raíces políticas: resulta imperativo recordar que la llegada de Elizabeth Lara Rodríguez a la DDHPO fue producto del pago que el anterior gobierno federal hizo al activismo del padre Alejandro Solalinde, cuota de poder que se traduce en actuaciones bajo indicaciones precisas.
Asimismo, su forma de operar viene de una arraigada cultura priista en la cual todo se busca resolver desde la comodidad de las oficinas, visión que comparte y reproduce junto con su esposo, Venustiano Gutiérrez Reyna, expresidente municipal del PRI por Santo Domingo Tehuantepec y funcionario de la entonces Secretaría General de Gobierno en las regiones del Istmo y la Cuenca con el exgobernador tricolor Alejandro Murat.
A esta crisis de ineficacia operativa hay que sumar el clima político electoral en el que se encuentra Oaxaca, así como los intereses personales de la Defensora, quien ha manifestado que busca revivir sus tiempos en la militancia del Partido Acción Nacional (PAN) cuando fue candidata a la presidencia municipal de Loma Bonita.
Es por todo esto que la sociedad civil dedicada a la defensa de los derechos humanos en Oaxaca acude sistemáticamente ante otras instancias nacionales e internacionales, impulsada por una completa desconfianza en la institución local.
Si movemos el caleidoscopio, los cristales nos muestran una Defensoría de los Derechos Humanos convertida en una oficina burocrática sin credibilidad, utilizada por los perversos de siempre para incendiar praderas. A nadie le conviene este ángulo, mucho menos a las y los periodistas.
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