*Días antes había solicitado apoyo del Estado ante amenazas del crimen; hoy lo acribillaron
Disruptivo Mx
La mañana de este sábado 13 de junio, la violencia política cobró una nueva vida en México.
Un comando armado ejecutó en su propio domicilio a Joel Ángel Bravo Martínez, presidente municipal de San Miguel Amatitlán, Oaxaca.
El homicidio del edil opositor no solo expone el control territorial del crimen organizado en la región Mixteca, sino que deja al descubierto una negligencia institucional alarmante: el alcalde había denunciado amenazas y el gobierno le negó la protección.
Con este atentado, la crisis de inseguridad bajo el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum alcanza una cifra negra insostenible, sumando al menos 56 actores políticos asesinados, entre ellos siete alcaldes en lo que va de su administración.
Sentenciado tras denunciar al narcotráfico
Bravo Martínez, de 53 años y militante del Partido Acción Nacional (PAN), gobernaba un municipio de poco más de 6,000 habitantes cercado por las disputas de los cárteles de la droga (Jalisco Nueva Generación y Sinaloa) que controlan las rutas de trasiego en los límites de Oaxaca y Puebla.
La alerta sobre el peligro inminente que corría el edil se encendió semanas atrás:
- El antecedente: El pasado 22 de mayo, hombres fuertemente armados interceptaron al alcalde y a su equipo en la carretera Huajuapan-Acatlán. Tras sufrir un secuestro virtual, robo y agresiones físicas, el funcionario denunció públicamente la operación de células delictivas en la zona.
- La omisión: Tras el atentado carretero, Bravo Martínez acudió formalmente ante las Mesas de Seguridad del estado para manifestar el riesgo que corría su vida y solicitar medidas cautelares urgentes. La protección del Estado jamás llegó.
Hoy, el Comité Ejecutivo Nacional del PAN y diversos analistas políticos apuntan directamente contra las autoridades por haber dejado al presidente municipal en total estado de indefensión.
El discurso oficial frente a las balas
Tras confirmarse el deceso, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) desplegó a la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) y fuerzas federales para acordonar la escena del crimen, bajo la promesa de activar protocolos de «alto impacto».
Por su parte, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, condenó de manera «enérgica» el asesinato a través de sus redes sociales.
«En Oaxaca no permitiremos que la violencia se imponga sobre la ley ni sobre la voluntad de nuestras comunidades», afirmó el mandatario estatal, una declaración que contrasta con el vacío de seguridad en el que operaba la víctima.
La radiografía de la violencia política en México
El asesinato de Joel Ángel Bravo Martínez rompe de golpe la narrativa oficial de pacificación en el país y se suma a la lista de magnicidios locales recientes, como el del alcalde Carlos Manzo en Uruapan, Michoacán.
Los datos de la organización Causa en Común confirman que ser funcionario de oposición en municipios rurales se ha convertido en una de las labores más peligrosas del país.
Hasta el momento no se reportan detenidos. Mientras el gobierno federal y estatal prometen operativos «ininterrumpidos» para cerrar las rutas de escape de los sicarios, la realidad en la Mixteca oaxaqueña es contundente: el crimen organizado actúa con la certeza de que el Estado llegará siempre demasiado tarde.
