*¿Exclusión o Persecución?
Carlos Hernández | Disruptivo Mx
La actual consejera presidenta del IEEPCO impugnó ante la Sala Superior del TEPJF su baja definitiva del proceso de selección de consejerías del Instituto Nacional Electoral (INE) cuyo proceso de selección sigue su curso.
«Como mujer indígena, denuncio la vulneración sistemática de mis derechos», sentenció tras acusar al Comité Técnico de Evaluación de opacidad y falta de legalidad.
Lo que debería ser un proceso de selección basado en la excelencia y la transparencia para renovar las consejerías del Instituto Nacional Electoral (INE), se ha convertido en un escenario de graves señalamientos por irregularidades y exclusión arbitraria.
A través de sus redes sociales, Elizabeth Sánchez González, actual consejera electoral y presidenta del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, alzó la voz para denunciar una red de contradicciones que buscan frenar su legítima aspiración.
En un pronunciamiento público, la consejera indígena denunció que el Comité Técnico de Evaluación (CTE) incurrió en negligencia administrativa y violaciones al debido proceso, dejando en entredicho la certeza jurídica de la contienda 2026.
El laberinto de las «inconsistencias»
El conflicto inició el pasado 28 de marzo, cuando tras completar su registro con documentación certificada ante Notario Público, el Comité le notificó una supuesta falta de certificación en su credencial de elector y título profesional.
A pesar de que Sánchez González acreditó haber cargado dichos archivos y reenvió el cuadernillo certificado por correo electrónico, fue excluida inicialmente el 29 de marzo.
La contradicción escaló el 1 de abril, cuando el propio Comité emitió el acuerdo CTE01042026, reconociendo «inconsistencias» y reincorporando formalmente su registro para «salvaguardar su participación».
Sin embargo, la certidumbre duró poco.
Una exclusión por «redes sociales»
El punto más crítico de la denuncia ocurrió este 5 de abril, cuando el Comité volvió a excluir a Sánchez González de la Lista Definitiva sin mediar notificación formal.
«Me enteré de mi baja a través de redes sociales. Esto representa una violación flagrante al debido proceso, a la garantía de audiencia y al derecho a la información», denunció la consejera, señalando que esta falta de transparencia empaña la legitimidad de quienes aspiran a integrar el Consejo General de la máxima autoridad electoral en el país.
Batalla legal ante la Sala Superior
Ante lo que califica como una «exclusión arbitraria», Sánchez González confirmó la interposición de un Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales (JDC) de urgente resolución ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
La defensa de la consejera oaxaqueña no solo busca su reincorporación, sino sentar un precedente contra la violencia política que enfrentan las mujeres indígenas en espacios de alta toma de decisión.
Y es que ella, exige transparencia absoluta en un proceso que, hasta ahora, navega entre la duda y la falta de legalidad.
