*Más de mil millones de pesos anuales; la bolsa del Poder Judicial
Remignton / Disruptivo Mx
Oaxaca de Juárez, Oax., a 9 de marzo de 2026.- En la política oaxaqueña, las coincidencias son animales mitológicos: no existen.
Lo que sí existe es la estrategia, el cálculo y, sobre todo, la supervivencia.
La reciente propuesta de la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca (TSJO), Erika María Rodríguez de aplazar la elección judicial de 2027, no es un arrebato de preocupación democrática; es, más bien, un intento de congelar el tiempo para asegurar el control de un aparato que recibe más de mil 142 millones de pesos anuales.
E incluso, evitar que el Poder Judicial deje de ser un apéndice del Ejecutivo, luego de los resultados de la consulta de revocación de mandato, en los que más de 357 mil oaxaqueños votaron contra la permanencia del mandatario.
Rodríguez, quien llegó al cargo de forma interina tras la renuncia de Berenice Ramírez y no ha cumplido siquiera un año en el trono de la justicia estatal, ha encontrado una veta discursiva conveniente.
Durante la reciente sesión de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (Conatrib), advirtió que empatar la elección judicial con la renovación de alcaldías y diputaciones en 2027 es un «riesgo de politización» en un estado como Oaxaca.
El argumento es casi tierno: la magistrada teme que el electorado oaxaqueño se «confunda».
Sin embargo, detrás de esa supuesta preocupación por la claridad democrática, subyace una desconfianza profunda hacia el ciudadano y una táctica de distracción.
La politización no es un riesgo futuro; es la realidad presente que la llevó a la presidencia interina por mayoría de votos en un pleno que, hoy más que nunca, se mueve al ritmo de los tiempos locales.
Si queremos encontrar el verdadero «norte» de esta brújula política, hay que seguir el rastro del dinero y el control político absoluto de los Poderes.
Para este 2026, el Poder Judicial de Oaxaca opera con un presupuesto de 1 mil 142 millones 355 mil 786 pesos, monto que resulta superior a lo destinado el año pasado, cuando la cifra ascendió a los 1 mil 148 millones de pesos.
Aplazar la elección judicial no solo «evita la sobrecarga operativa», como dice Rodríguez; fundamentalmente, le otorga una prórroga de vida a la actual estructura de mando sobre una caja chica (y grande) que supera los mil millones de pesos anuales.
En un estado con las carencias de Oaxaca, controlar el presupuesto del Poder Judicial es controlar una de las nóminas y estructuras más influyentes de la entidad.
¿Justicia o permanencia?
La magistrada presidenta argumenta que Oaxaca tiene una «complejidad electoral y social» única. Es cierto. Pero precisamente por esa complejidad, resulta sospechoso que una presidencia interina, que debería ser la transición hacia la nueva era de la reforma judicial, busque ahora atrincherarse en el calendario.
¿Qué busca realmente Erika Rodríguez?
Blindar la burocracia actual: Evitar que la tómbola o el voto popular barra con los acuerdos establecidos en el actual pleno.
Continuidad administrativa: Asegurar que el manejo de los recursos exceda el periodo para el cual fue originalmente designada.
Negociación política: Al proponer el aplazamiento, Rodríguez se coloca en una posición de «necesidad» frente al Ejecutivo y Legislativo, vendiendo estabilidad a cambio de permanencia.
Garantizar el control que ejerce el Poder Ejecutivo sobre el Judicial: los tentáculos del poder político del gobernador en Oaxaca se extienden a los que deberían ser sus contrapesos. Por ello, sin elección judicial y frente a un escenario adverso, al menos en el Tribunal habría calma.
La contradicción de la Reforma
Pero es irónico que, mientras el país transita hacia una democratización del Poder Judicial, en Oaxaca la cabeza del Tribunal sugiera que el pueblo no está listo para votar por sus jueces y magistrados al mismo tiempo que por sus diputados.
Si la elección judicial se posterga, el TSJO se convertiría en una isla de nombramientos «de la vieja guardia» operando en un mar de cargos ya legitimados por la urna.
La «sobrecarga operativa» es un reto logístico, no una razón jurídica para postergar el derecho al voto.
Lo que está en juego en 2027 no es solo una boleta electoral más; es la llave de una institución que administra más de mil millones de pesos anuales y que, por lo visto, no tiene ninguna prisa por abrir sus puertas a la voluntad popular.
Erika Rodríguez ha lanzado el anzuelo. Veremos si el Congreso y el Ejecutivo muerden el cebo de la «estabilidad» o si deciden que la justicia en Oaxaca no puede esperar a que los administradores del presupuesto se sientan cómodos.
