Rechaza Chimalapas sentencia del Tribunal Agrario que mutila su territorio ancestral
*La comunidad de Santa María Chimalapa denuncia una «aberración jurídica» y advierte que llegará a instancias internacionales para defender su territorio
Carlos Hernández | Disruptivo Mx
La tensión en la zona oriente de Oaxaca ha escalado tras la decisión del Tribunal Superior Agrario (TSA), dado que el pasado miércoles 18 de febrero, con una votación dividida de tres contra dos, el pleno aprobó una sentencia que ratifica la permanencia de núcleos agrarios chiapanecos («General Rafael Cal y Mayor» y «Canaán») dentro de tierras comunales zoques.
De acuerdo a las autoridades comunales de Chimalapas, la resolución ignora el fallo histórico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de noviembre de 2021, que ya había devuelto legalmente el territorio a Oaxaca.
Para las autoridades, esta medida no es solo un error administrativo, sino un intento de expropiación disfrazada que ofrece una «indemnización en especie» a cambio de 2,651 hectáreas de la zona de Canaán.
Asì mismo resaltan una realidad alarmante en las montañas de Oaxaca, toda vez que la comunidad denuncia que la falta de certeza jurídica ha permitido.
Devastación ecológica: Más de 50 mil hectáreas de selvas y bosques de niebla han sido arrasadas por talamontes y ganaderos.
Violencia armada: La presencia de grupos con corte paramilitar y «narco-ganaderos» que amenazan la integridad de los pobladores zoques.
Omisión de Derechos Indígenas: La sentencia del TSA viola convenios internacionales que protegen el territorio ancestral y el derecho a la consulta de los pueblos originarios.
«El gobierno federal se burla de nuestra buena fe. Desde 1991 hemos ofrecido conciliación a los campesinos chiapanecos, pero no aceptaremos el despojo de nuestra herencia por ningún precio.» — Asamblea General de Comuneros.
La ruta de la resistencia
Tras una reunión masiva el pasado 21 de febrero, las autoridades comunales y municipales de Santa María Chimalapa fijaron una postura firme.
No aceptan la sentencia del TSA ni la «indemnización» propuesta, pues consideran que el territorio es indivisible por sus servicios ecosistémicos para la humanidad.
Así mismo iniciarán medidas jurídicas ante organismos defensores de los Derechos Indígenas y de la Madre Naturaleza.
Lamentan que instituciones como la Procuraduría Agraria actúen de forma «negligente o dolosa» bajo una administración que se dice defensora del pueblo.
Los Chimalapas han lanzado un ultimátum al Gobierno de México, pues exigen una intervención inmediata para revertir esta decisión que pone en riesgo la paz social en la región. De no obtener respuesta, hacen responsables a las autoridades federales de las consecuencias y acciones que la comunidad tome en ejercicio de su autonomía.
