El amparo que busca liberar el peaje de la «Súper» a la Costa para los oaxaqueños

*¿La palabra presidencial es ley?, el cuestionamiento
Carlos Hernández / Disruptivo Mx
La asociación Litigio Estratégico Indígena lleva la promesa de AMLO ante los tribunales, dado que el juicio de amparo interpuesto exige que la gratuidad de la carretera Barranca Larga–Ventanilla pase del discurso a la realidad jurídica.
Y es que lo que comenzó como un aplaudido anuncio presidencial en territorio oaxaqueño, hoy se dirime en los juzgados federales.
La organización Litigio Estratégico Indígena A.C. ha lanzado un desafío legal sin precedentes: un juicio de amparo que busca obligar al Estado Mexicano a cumplir con la palabra del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien aseguró que la supercarretera al Pacífico sería gratuita para los habitantes del estado.
La promesa de AMLO grabada y escrita
El 4 de febrero de 2024 quedó marcado en la memoria de Oaxaca.
Durante la inauguración de la vía Barranca Larga–Ventanilla, López Obrador afirmó categóricamente que los oaxaqueños no pagarían peaje.
La relevancia de este dicho no solo quedó en el eco de la transmisión oficial, sino que fue retomada y validada como política vigente en el libro “Diario de una transición histórica” de la hoy presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Sin embargo, a falta de un decreto formal, la gratuidad pende de un hilo administrativo.
Ante esto, el juicio de amparo radicado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Oaxaca plantea una pregunta fundamental para la democracia moderna: ¿Tiene valor jurídico la palabra de un Presidente emitida en un acto oficial?
Confianza legítima vs. Burocracia
El argumento de Litigio Estratégico Indígena se basa en dos pilares del derecho internacional y constitucional:
Confianza Legítima: Los ciudadanos tienen derecho a creer en los anuncios oficiales de sus gobernantes y a que estos generen efectos legales.
No Regresividad: Una vez que se anuncia un beneficio social de este calado, el Estado no puede retractarse sin una justificación mayor, pues vulnera el derecho al desarrollo de los pueblos.
El dilema para el Poder Judicial: Si el juez falla a favor de la asociación, se sentaría un precedente histórico en México: la «mañanera» y los discursos de inauguración dejarían de ser retórica política para convertirse en fuentes de derecho exigibles.
Para los oaxaqueños, el libre tránsito por esta vía no es un lujo, sino una necesidad de justicia económica para las comunidades indígenas y rurales que conectan con la Costa.
Mientras el Gobierno Federal mantiene el cobro, la batalla legal de Litigio Estratégico Indígena pone contra la pared a la actual administración: ¿Respetarán el legado verbal de AMLO o permitirán que la «Súper» sea otro negocio de peaje inalcanzable para el pueblo?
El caso promete escalar hasta la Suprema Corte, pues toca las fibras más sensibles de la relación entre el poder político, la palabra empeñada y el sistema de justicia.




