*Organizaciones y defensores comunitarios señalan daños ambientales acumulados y cuestionan la competencia estatal para autorizar la extracción de minerales
.— Organizaciones de la sociedad civil, defensores comunitarios y ambientales, así como ejidatarios de Unión Hidalgo, exigieron a la titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad, Energías y Sostenibilidad de Oaxaca (Semabieso), Karime Unda Harp, negar la evaluación de impacto ambiental del nuevo proyecto de extracción de material en el Cerro La Llovizna.
A través de una carta pública, las organizaciones argumentaron que la solicitud debe ser rechazada debido al daño ambiental acumulado en la zona y porque, según señalaron, se trata de minerales cuya regulación corresponde al ámbito federal.
Los defensores recuerdan que durante aproximadamente cinco años se habría realizado en este sitio la extracción de hematita, material que posteriormente era vendido a la empresa cementera Cooperativa La Cruz Azul.
La concesión minera original, señalaron, correspondía a la empresa canadiense Riverside Resources.
Las organizaciones sostienen que, durante ese periodo, defensores ambientales y ejidatarios de esta comunidad zapoteca del Istmo de Tehuantepec interpelaron en distintas ocasiones a las autoridades ambientales por la falta de una consulta indígena previa, así como por la ausencia de acciones para la restauración del sitio, al que consideran un espacio sagrado.
En su pronunciamiento, las organizaciones documentaron lo que calificaron como “una serie de omisiones y actuaciones de la Secretaría de Medio Ambiente que han permitido la continuidad de la extracción y, con ello, la acumulación de daños ambientales en el Cerro La Llovizna”.
El antecedente más reciente ocurrió en 2023, cuando la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Oaxaca (Propaeo) clausuró la extracción de material pétreo en el cerro, bajo el argumento de que el promovente “carecía de sustento legal”.
Sin embargo, las organizaciones sostienen que la extracción no se detuvo inicialmente como resultado de la actuación de las autoridades, sino hasta después de que habitantes y defensores realizaron una huelga de hambre para exigir la suspensión de los trabajos.
A partir de estos antecedentes, los firmantes demandan que la autoridad ambiental estatal considere los impactos acumulados en el sitio antes de admitir o autorizar un nuevo proyecto de extracción.
El Barrancón, otro punto de conflicto
El reclamo ocurre mientras persiste otro conflicto relacionado con la extracción de material pétreo en Unión Hidalgo, hace un mes, un juez federal ordenó a autoridades del municipio transparentar información relacionada con la cantidad de material pétreo extraído en la zona conocida como El Barrancón, señalada por las organizaciones como otro banco de material que no cuenta con autorización ambiental.
Para los defensores comunitarios, ambos casos forman parte de una problemática más amplia relacionada con la extracción de materiales en el territorio de Unión Hidalgo y con la exigencia de que las autoridades garanticen el cumplimiento de las disposiciones ambientales y de los derechos de las comunidades indígenas.
Las organizaciones demandaron a la Semabieso atender sus señalamientos y negar la evaluación de impacto ambiental del nuevo proyecto en el Cerro La Llovizna, además de considerar la situación ambiental acumulada y los antecedentes de extracción en el sitio.
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