*Organizaciones de la Sociedad Civil alertan sobre el despojo de información comunitaria por grandes empresas de IA
Disruptivo Mx | Carlos Hernández
Organizaciones de la sociedad civil advierten que empresas, gobiernos, universidades y desarrolladores de inteligencia artificial recopilan información de pueblos indígenas sin reglas claras sobre consentimiento, control, acceso o beneficios para las comunidades.
En conferencia de prensa acusaron que la propuesta de legislación en consulta mantiene un vacío frente al llamado “extractivismo de datos”.
“Nuestros datos también son territorio”, advirtieron integrantes de organizaciones de la sociedad civil quienes colocaron en el centro del debate un problema que, aseguran, avanza a la par de la expansión de la inteligencia artificial: la extracción de información de las comunidades indígenas sin mecanismos suficientes para garantizar su consentimiento, control y aprovechamiento colectivo.
Las organizaciones de Oaxaca presentaron un posicionamiento sobre datos comunales, inteligencia artificial y la propuesta de Ley General de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, y advirtieron que el marco legal en discusión no contempla de manera adecuada qué ocurre con la información que gobiernos, empresas, universidades, organizaciones y otras instituciones obtienen cuando ingresan a los territorios comunitarios.
La preocupación, explicaron, no se limita a las grandes empresas tecnológicas, toda vez que cada vez que una institución llega a una comunidad para realizar entrevistas, investigaciones, diagnósticos, levantamientos o recopilar información sobre la vida comunitaria, existe un proceso de extracción de datos que actualmente no cuenta, desde su perspectiva, con reglas suficientes para determinar quién puede utilizarlos, con qué propósito, durante cuánto tiempo y cómo pueden beneficiarse las propias comunidades.
Del extractivismo de minerales al extractivismo de datos
Las organizaciones plantearon una comparación con otras formas de extracción que históricamente han afectado a los territorios indígenas.
Así como de los territorios se extraen minerales, madera y otros bienes naturales, señalaron que la información comunitaria puede convertirse en un nuevo recurso que sale de las comunidades sin que éstas tengan necesariamente control sobre su destino.
“Los datos también se están considerando de esa manera”, fue una de las reflexiones planteadas durante la conferencia.
El problema, señalaron, es que puede existir una extracción legal de información que no necesariamente se traduce en beneficios para las comunidades, particularmente cuando no existe consentimiento comunitario o cuando los datos obtenidos no son devueltos a quienes los generaron.
Como ejemplo, recordaron experiencias relacionadas con información sobre proyectos mineros y polígonos territoriales: mientras las dependencias gubernamentales cuentan con determinados datos, las comunidades enfrentan dificultades para acceder a ellos en formatos que les permitan analizarlos, elaborar mapas o utilizarlos para defender sus territorios.
El vacío frente a la inteligencia artificial
La expansión de la inteligencia artificial agrega una nueva dimensión al problema.
De acuerdo con las organizaciones, las empresas que desarrollan estas tecnologías trabajan con enormes cantidades de información, pero los sistemas de inteligencia artificial no necesariamente cuentan con referentes culturales propios de las comunidades indígenas.
Esto puede generar un problema particularmente sensible cuando las personas de los pueblos utilizan estas herramientas para consultar aspectos relacionados con su propia cultura.
Por ejemplo, una persona puede preguntar a una inteligencia artificial cómo es un niño, una niña, una familia o determinada práctica cultural. Sin embargo, la respuesta puede construirse a partir de información proveniente de otros países, culturas y contextos.
Para las organizaciones, esto puede contribuir a desplazar referentes culturales propios y acelerar procesos de homogenización cultural, debido a que las respuestas de estas herramientas reproducen principalmente los datos disponibles en sus bases de entrenamiento.
¿Quién controla los datos de las comunidades?
El posicionamiento sostiene que cualquier regulación sobre pueblos indígenas debe incorporar el carácter colectivo de determinados datos generados en los territorios y comunidades.
La discusión incluye información cultural, territorial, social y comunitaria, tanto material como inmaterial.
Las organizaciones consideran necesario establecer mecanismos que garanticen que las comunidades puedan conocer qué información se recopila, autorizar su utilización cuando corresponda, acceder posteriormente a ella y participar en las decisiones relacionadas con su uso y aprovechamiento.
La ausencia de estas garantías, advierten, puede profundizar una forma de despojo informativo en la que el conocimiento producido históricamente por las comunidades termina almacenado y explotado fuera de ellas.
La energía también entra en el debate
El cuestionamiento alcanza otro de los recursos necesarios para el desarrollo de la inteligencia artificial: la energía.
Las organizaciones plantearon que el enorme consumo energético asociado con las tecnologías de inteligencia artificial debe formar parte de la discusión legislativa cuando sus impactos recaen sobre territorios comunitarios.
Desde su perspectiva, la legislación debe considerar también la energía como un bien de interés colectivo y analizar quién asume los costos ambientales y territoriales de la infraestructura necesaria para sostener estas tecnologías.
El planteamiento amplía así el debate: no se trata únicamente de los datos que alimentan a la inteligencia artificial, sino también de los recursos que permiten procesarlos y almacenarlos.
“Nadie les está explicando a las asambleas”
Otro de los cuestionamientos expuestos durante la conferencia fue el proceso de consulta relacionado con la propuesta legislativa.
Las organizaciones señalaron que se han realizado consultas, pero cuestionaron que en algunos casos la información no esté llegando directamente a las asambleas comunitarias ni se esté explicando de manera suficiente el contenido y las implicaciones de las propuestas.
“Creo que si no colocamos desde estos espacios, no somos visibles”, expresaron al defender la necesidad de que las comunidades participen directamente en la discusión.
Recordaron que numerosas decisiones y leyes han sido construidas sin una participación efectiva de los pueblos indígenas.
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