*El 14 de junio de 2006 quedó grabado a fuego en la memoria de México
Disruptivo Mx | Fotografía: Luis Alberto Cruz | AP
Aquella madrugada, un violento intento de desalojo ordenado por el entonces gobernador Ulises Ruiz Ortiz en el zócalo de Oaxaca transformó un paro magisterial en una insurrección civil sin precedentes: la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).
Dos décadas después, la gran interrogante que sacude los círculos políticos y de derechos humanos es: ¿Se hizo justicia o el sistema apostó al olvido?
A pesar de las promesas de alternancia y los discursos de transformación, los informes de la CNDH, la CIDH y las memorias del Congreso de la Unión revelan que, en Oaxaca, las estructuras del viejo régimen solo cambiaron de color.
Ulises Ruiz y el pacto de impunidad en la política mexicana
Para las víctimas del 2006, la justicia sigue siendo una quimera. A pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó en 2009 que el exgobernador Ulises Ruiz Ortiz fue responsable de violaciones graves a las garantías individuales, el exmandatario jamás pisó la cárcel ni enfrentó un proceso penal vinculante en territorio mexicano.
El expediente internacional: Ante el bloqueo judicial en México, colectivos civiles y la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) llevaron el caso ante la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya, acusando formalmente a Ulises Ruiz y a las administraciones federales de la época de cometer crímenes de lesa humanidad.
Hoy, Ruiz Ortiz no solo goza de plena libertad, sino que en los últimos años ha intentado reciclarse políticamente bajo el cobijo de candidaturas independientes, un recordatorio cínico del blindaje político que impera en el país.
Radiografía del rezago: Un estado atrapado en las mismas cifras
El estallido social del 2006 fue alimentado por el hambre, el abandono y el cacicazgo. Veinte años después, el diagnóstico socioeconómico del estado demuestra que las causas estructurales de la protesta permanecen casi intactas.
- Pobreza Crónica: Oaxaca se mantiene tercamente en el podio de las tresentidades con mayor porcentaje de pobreza y pobreza extrema en México, junto a Chiapas y Guerrero.
- La paradoja del turismo: Mientras la capital oaxaqueña y las zonas costeras viven un auge de gentrificación y derrama económica internacional, las comunidades de la Sierra Sur, la Mixteca y el Istmo siguen careciendo de servicios de salud básicos y empleos formales dignos.
- Institucionalización de la protesta: El movimiento magisterial (Sección XXII) y las organizaciones sociales mutaron de la resistencia civil a un estatus de negociación permanente con los gobiernos en turno, convirtiendo la movilización en una moneda de cambio político.
De la contrainsurgencia a la criminalización territorial
El perfil de las violaciones a los derechos humanos en Oaxaca ha evolucionado, pero no ha desaparecido. Los informes continuos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alertan que el estado ha pasado de la represión masiva en las calles a una persecución focalizada y silenciosa.
El Oaxaca de 2006
Represión de Estado masiva: Uso de la fuerza pública, detenciones arbitrarias masivas y grupos paramilitares (la «caravana de la muerte») patrullando las calles de la capital.
Criminalización de defensores: Persecución, amenazas y asesinatos selectivos contra activistas que defienden la tierra frente a la minería y proyectos como el Corredor Interoceánico.
Presos Políticos de la APPO: Activistas y ciudadanos trasladados ilegalmente a penales de máxima seguridad bajo cargos fabricados.
Crisis de Feminicidios y Desaparición: Alarma internacional por el incremento de violencia de género y desapariciones forzadas en comunidades indígenas.
Censura y Violencia a la Prensa: Asesinatos de periodistas y ataques directos a frecuencias radiales comunitarias.
Conflictos Territoriales y Desplazamiento: Miles de indígenas (principalmente en la zona Triqui) desplazados de sus hogares por la inoperancia institucional frente a bandas armadas.
¿Hacia dónde va Oaxaca? El costo del olvido institucional
La alternancia partidista llegó a Oaxaca —terminando con décadas de hegemonía priista—, pero las mañas del poder regional simplemente se mudaron de siglas.
El uso clientelar de la necesidad social, el compadrazgo y la cooptación de líderes que alguna vez marcharon en las filas de la APPO definen el panorama político actual.
A dos décadas de las barricadas que paralizaron al estado, Oaxaca es el reflejo de un México que sabe archivar sus tragedias.
El saldo del 2006 no es el de un estado pacificado por la justicia, sino el de una sociedad resiliente que aprendió a defenderse sola ante un aparato político que prefirió decretar la amnesia colectiva.
