Declaran la constitucionalidad de la Ley 3 de 3 contra la violencia de género
*Luego de haberse aprobado en la mayoría de los Congresos locales, la ley fue declarada constitucional
La Comisión Permanente del Congreso declaró la constitucionalidad de la reforma conocida como Ley 3 de 3 contra la violencia, con la que se impide a agresores sexuales, deudores de pensión alimentaria o quienes hayan ejercido violencia familiar, acceder desempeñarse en el servicio público ni aspirar a cargos de elección popular.
Luego de que 23 Congresos locales dieron su aprobación a esta reforma constitucional a los artículos 38 y 102 en materia de suspensión de derechos para ocupar cargos, empleos, o comisión del servicio público, se dio la declaratoria de la Ley 3 de 3, la cual fue celebrada por las y los legisladores de todas las fuerzas parlamentarias en el Congreso y por grupos colectivos feministas.
Al momento de hacerse la declaratoria, las integrantes de grupos feministas presentes en la sesión de esta tarde corearon: “¡3 de 3, ningún agresor al poder!”.
La diputada federal del PRD, Elizabeth Pérez Valdez, destacó que esta reforma fue posible gracias al trabajo incansable de mujeres, colectivas feministas y de las legisladoras de todas las fuerzas parlamentarias en el Congreso federal y en los locales.
“Una persona que es incapaz de incumplir con sus obligaciones alimentarias o que ha ejercido violencia nunca más podrá tener acceso al servicio público. El servicio público es un encargo, cuya investidura debe ser dada a quien demuestre honradez, congruencia y respeto por los derechos de todas y todos”, sostuvo la diputada federal del PRD en su intervención
“A partir de ahora, los deudores alimentarios y los violentadores dejarán de ser arropados por la complicidad y el contubernio de machismo, porque el patriarcado se va a caer, sino lo vamos a tirar. Las mujeres ya no permitiremos que el patriarcado siga encubriendo a sus violentadores”, remarcó.
La reforma se remitió al Diario Oficial de la Federación (DOF) para su publicación, por lo que podría entrar en vigor para el inicio del próximo proceso electoral.
