Disruptivo Mx
La ambición de captar agua a costa de la biodiversidad ha pasado factura en Ocotlán, toda vez que más de 4,000 metros cuadrados de vegetación natural fueron sacrificados sin estudios de impacto ambiental.
Lo que se promocionaba como un proyecto de beneficio hídrico en el municipio de Santa Catarina Minas, Oaxaca, ha revelado su verdadera cara: una intervención agresiva al ecosistema local.
Por lo cual, el pasado 4 de febrero, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) puso freno a la «Construcción de presa para captación de agua pluvial» en el paraje “Los Copales del Cerro Viejo”.
La razón es contundente: la obra se ejecutaba en la total ilegalidad, careciendo de la autorización de impacto ambiental de la Semarnat.
La inspección, derivada de una denuncia ciudadana, reveló que el proyecto municipal no solo omitió la ley, sino que alteró profundamente el suelo y la flora de la región. Los hallazgos de la autoridad ambiental son alarmantes:
Deforestación para accesos: Se abrió una brecha de 790 metros lineales, eliminando vegetación mediante desmonte y despalme en un área de 2,370 m².
Obra hidráulica irregular: Una presa de captación ya operativa ocupaba otros 2,067 m² de terreno forestal sin ningún tipo de medida de mitigación.
El argumento de la «necesidad de agua» no justifica la omisión de los protocolos ambientales. Según el Artículo 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), cualquier obra de esta magnitud requiere una evaluación previa para evitar un «riesgo inminente de desequilibrio ecológico».
«La construcción de infraestructura sin planeación ambiental no es progreso; es una hipoteca ecológica que las comunidades de Oaxaca no deberían pagar.»
La falta de una Evaluación de Impacto Ambiental (MIA) implica que no se analizaron los efectos en la filtración del suelo, el desplazamiento de fauna local ni la alteración de los cauces naturales.
Al confirmarse la clausura temporal total, el municipio de Santa Catarina Minas enfrenta ahora un procedimiento administrativo que podría derivar en:
Multas económicas severas.
La obligación de restaurar el sitio a su estado original.
La suspensión definitiva si no se demuestra la viabilidad técnica y ecológica del proyecto.
Este caso sienta un precedente necesario en los Valles Centrales de Oaxaca; la gestión del agua debe ser sustentable o no será, dado que no se puede proteger un recurso (el agua) destruyendo otro (el suelo y la vegetación).
