* La consolidación de políticas públicas que garanticen la vida de las y los defensores es, hoy más que nunca, una deuda pendiente para la democracia en Oaxaca.
Carlos Hernández / Disruptivo Mx
En un estado donde el 72% del territorio es indígena y resguarda la mayor biodiversidad del país, defender la tierra se ha convertido en una actividad de alto riesgo.
Mientras autoridades federales intentan frenar desarrollos inmobiliarios ilegales en zonas costeras de Oaxaca, como Manialtepec, quienes vigilan estos procesos desde las comunidades enfrentan una ola de violencia sin precedentes.
El costo de la defensa comunitaria: Cifras de alarma
Durante el conversatorio “Reconocimiento y protección de personas defensoras de derechos humanos”, la Plataforma de Derechos Humanos Oaxaca reveló datos estremecedores sobre la situación actual en la entidad.
44 personas defensoras han sido agredidas individualmente en los primeros dos años y medio de la actual administración estatal, reportaron las Organizaciones No Gubernamentales.
Se registraron 70 ataques contra grupos, comunidades y movimientos sociales.
27 atentados contra la vida, que incluyen homicidios, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, han marcado este periodo.
De acuerdo con la organización Flor y Canto A.C., en 2024 Oaxaca encabezó la lista nacional de estados con más agresiones contra defensores de tierra y territorio, superando a Chiapas y Michoacán.
Megaproyectos y criminalización: El origen del conflicto
El trasfondo de esta violencia radica en la imposición de megaproyectos en áreas naturales estratégicas. Mariana Patrón, de la Red Oaxaqueña de Mujeres Indígenas, señaló que estas agresiones ocurren en un contexto de racismo institucional e impunidad sistémica.
La defensa de los bienes comunes es frecuentemente criminalizada bajo el argumento estatal de que los recursos naturales pertenecen a la nación, ignorando la autonomía de los pueblos indígenas.
Heridas abiertas: El tejido comunitario roto
La desaparición de activistas sigue siendo el desafío más doloroso, Laura Morales, defensora ayuuk, recordó que el caso de Claudia Uruchurtu Cruz permanece como una «herida abierta» en la entidad.
“Cuando una defensora desaparece, no solo se rompe su historia; se rompe el tejido comunitario y la confianza en el Estado”, expresó Morales durante el encuentro.
Urge una política integral de protección
Oaxaca continúa siendo una de las zonas de mayor riesgo para activistas y periodistas.
De ahí que el llamado de las organizaciones sea claro: no basta con inversiones millonarias en infraestructura, si no existen condiciones seguras para quienes protegen los derechos fundamentales y el medio ambiente.
La consolidación de políticas públicas que garanticen la vida de las y los defensores es, hoy más que nunca, una deuda pendiente para la democracia en Oaxaca.
