Obligará a los bancos a tratar con dignidad y sin discriminación a adultos mayores: Miriam Vázquez Ruiz
La diputada federal Miriam Vázquez Ruiz propuso en la agenda legislativa un problema urgente: la exclusión financiera que sufren millones de adultos mayores en México. Mediante su iniciativa de ley busca obligar a las instituciones financieras a garantizar un trato digno, accesible y no discriminatorio, respondiendo a fallas de accesibilidad, falta de capacitación del personal y trámites inflexibles.
La propuesta surge por la falta de regulaciones claras y la prevalencia de barreras digitales que se presentan en el uso de cajeros automáticos inaccesibles, además de aplicaciones y dispositivos de comunicación, menús de servicios telefónicos y de sitios en internet y demás soluciones tecnológicas que no consideran las necesidades y capacidades propias de los adultos mayores.
En entrevista, la representante de la Cuenca recordó el caso reciente sucedido en Oaxaca donde el banco BBV obligó a una persona adulta mayor de 96 años a ir en camilla a su sucursal para poder cobrar su pensión ya que tenía 6 meses con el pago congelado. A partir de este hecho, se verificó con datos que las y los adultos mayores en México sufren una vulneración de derechos en su accesibilidad a la inclusión financiera y por ello la propuesta de emitir una normatividad que responda a esta problemática.
Aunado a estas barreras, la diputada del Grupo Parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura Federal, detalló que los adultos mayores enfrentan muchas problemáticas propias de la edad como el caso de la adermatoglifia, donde las huellas dactilares se van borrando con el paso de los años en algunos segmentos de esta población y derivado de esto el trámite de identificación y verificación de identidad, resulta imposible y tedioso.
A partir de estas necesidades, la iniciativa busca reformar varias leyes para mejorar la atención preferente, mediante la creación de protocolos para garantizar tiempos de espera cortos y personal capacitado para atender a este sector. La exigencia del uso de tecnologías accesibles y la creación de alternativas a los trámites presenciales.
Parte de la iniciativa, también refiere a la flexibilidad en trámites para obligar a las instituciones financieras a ofrecer métodos alternativos de identificación para quienes no puedan usar la biometría de huellas dactilares. Asimismo, se establece la facultad de evaluación y seguimiento a estas medidas y la imposición de multas a las instituciones que no cumplan con estas nuevas obligaciones.
Con esta reforma, la legisladora busca que la inclusión financiera de los adultos mayores sea un derecho protegido por ley, pues su exclusión limita su capacidad de generar patrimonio y enfrentar emergencias, lo que agrava la pobreza en un sector que representa el 14% de la población total del país.
