*Justicia para las niñas de Haití, claman organizaciones de la sociedad civil
Disruptivo Mx
Organizaciones de la sociedad civil exigen una investigación exhaustiva por la muerte de dos menores migrantes en una cisterna, dado que señalan la falta de protocolos y las carencias en los albergues vulneran el Interés superior de la niñez.
La muerte de dos niñas de origen haitiano en la Casa Hogar «Casa Pato», centro de tránsito para migrantes administrado por el DIF Estatal de Oaxaca, no es solo una tragedia accidental: es, a decir de diversas Organizaciones No Gubernamentales, la cara más dolorosa de la violencia institucional.
Mientras los marcos legales nacionales e internacionales son claros, la realidad en los albergues oaxaqueños parece caminar en sentido contrario.
El Artículo 2 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentesestablece que el Interés Superior de la Niñez debe ser la prioridad absoluta en cualquier decisión estatal.
Sin embargo, el fallecimiento de las menores este martes 24 de febrero, quienes cayeron en una cisterna mientras «jugaban» en el área de acogida, evidencia una omisión grave en el deber de protección.
El Artículo 89 de la misma ley obliga al Estado a brindar protección integral a la infancia migrante, independientemente de su nacionalidad. En «Casa Pato», el Estado les falló.
«Después del niño ahogado…»
La sociedad civil ha reaccionado con indignación ante el anuncio de Yarib Hernández García, Procuradora Estatal de Protección de los Derechos de la Niñez, quien tras el suceso declaró que se «revisará de forma integral la infraestructura de todos los centros».
Para las ONG, esta respuesta llega demasiado tarde: «Después del niño ahogado, quieren tapar el pozo».
La condición migratoria no resta humanidad ni derechos.
Las niñas de Haití que buscaban un refugio en Oaxaca hoy son el símbolo de una deuda histórica que el Estado tiene con la infancia más vulnerable.
Justicia no es solo castigar, es garantizar que ninguna otra cisterna se convierta en una tumba.
Este hecho no es aislado, pues diversos medios y colectivos ya habían advertido sobre:
- Discriminación: Trato desfavorable a jóvenes con discapacidad bajo tutela estatal.
- Explotación: Señalamientos de involucramiento de menores en actividades laborales que vulneran el artículo 123 constitucional.
«Los conflictos internos y problemas entre grupos de trabajo en el DIF Oaxaca no pueden estar por encima de la vida de un niño o una niña», sostienen con firmeza las organizaciones.
No más impunidad
Ante lo que consideran una violación sistemática a los derechos humanos, la sociedad civil organizada exige:
- Investigación imparcial: Que se esclarezcan los hechos del 10 y 24 de febrero con enfoque de derechos humanos y se sancione a los responsables.
- Reparación integral del daño: Tanto para las víctimas directas como para la madre de las niñas haitianas.
- Supervisión externa e independiente: Que los albergues del DIF dejen de ser cajas negras y cuenten con mecanismos transparentes de rendición de cuentas.
- Condiciones dignas: Garantía de seguridad, becas completas y espacios de recreación adecuados para las niñeces en tránsito y locales.
