Humillación de una mujer en San Pablo Etla, fracaso de política con enfoque de género: GESMujer
El Grupo de Estudios sobre la Mujer “Rosario Castellanos”, condenó los actos de violencia, humillación y exposición pública cometidos por la Policía Municipal de San Pablo Etla y su agencia de Hacienda Blanca, en los que se violaron gravemente los derechos humanos y la dignidad de una mujer detenida el 15 de julio.
“La mujer, acusada de un presunto delito, fue desnudada, exhibida y paseada por la vía pública bajo custodia policial, un hecho inaceptable que revictimiza, vulnera sus derechos constitucionales y demuestra una total falta de protocolos con perspectiva de género y de derechos humanos en el actuar de las autoridades municipales”.
Para el GESMujer este acto no solo representa una forma de tortura y violencia institucional, sino que también perpetúa el linchamiento moral y social contra las mujeres, especialmente en contextos de criminalización, pobreza o exclusión.
“Es inadmisible que, en lugar de garantizar su seguridad e integridad, las fuerzas de seguridad hayan sido cómplices de su exposición y humillación pública”, opinó la Ong.
Además, se evidencia el fracaso de las políticas públicas en materia de seguridad con enfoque de género, que han presumido implementar a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública que encabeza Karina Barón Ortiz”.
La organización feminista exigió: “Que la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca actúe con firmeza y celeridad para garantizar justicia, reparación integral y no repetición”.
Además que inicie un proceso de investigación y sanción contra los elementos policiales y mandos responsables de estos hechos.
También que el Gobierno del Estado de Oaxaca y el Congreso local evalúen y fortalezcan los mecanismos de control civil sobre las corporaciones policiales municipales.
Y una implementación obligatoria y supervisada de procesos formativos para todas las corporaciones en derechos humanos, género, actuación policial no violenta y debida diligencia.
Este caso refleja la necesidad urgente de desmontar las prácticas institucionales que permiten la impunidad, la violencia y la espectacularización del castigo, cerró.
