*Ya no necesitas ser el dueño para salvar un bosque; cualquier mexicano puede frenar ecocidios.
Disruptivo Mx
Un fallo histórico del máximo tribunal, originado en Oaxaca, determina que ya no es necesario demostrar un daño personal para exigir judicialmente la protección de un ecosistema.
Por lo cual, el fin de la «afectación directa», se considera un triunfo para el Parque Nacional Benito Juárez.
En sesión plenaria, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) marcó un antes y un después en la justicia ambiental del país, toda vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reconoció que cualquier habitante o usuario de un ecosistema tiene derecho a promover un juicio de amparo para exigir su conservación, sin necesidad de acreditar una lesión individual o económica.
El caso que detonó este precedente fue impulsado por una persona, quien denunció la negligencia de las autoridades ante las ocupaciones y construcciones ilegales que están asfixiando al Parque Nacional Benito Juárez, pulmón vital del estado de Oaxaca.
La Corte fundamentó su decisión en el Artículo 4º Constitucional, fortaleciendo el derecho humano a un medio ambiente sano bajo los siguientes lineamientos:
Interés Legítimo Ampliado: No solo los vecinos colindantes pueden demandar; también quienes se benefician de los «servicios ambientales» (agua, aire limpio, regulación climática) del entorno adyacente.
Principio de Precaución: El tribunal dictó que la falta de certeza científica sobre los beneficios exactos de un bosque no es excusa para permitir su destrucción. Ante la duda, se debe proteger.
Carga Dinámica de la Prueba: Ahora, las autoridades son las obligadas a demostrar que sus acciones (u omisiones) no dañan el entorno, quitando ese peso excesivo de los hombros de los ciudadanos.
Papel Activo de los Jueces: Los juzgadores federales tienen la obligación de recabar pruebas de oficio si detectan indicios de riesgo ecológico.
Revés a la justicia burocrática
La SCJN determinó que el juzgado federal que recibió inicialmente el caso no aplicó los criterios ambientales vigentes, por ello, ordenó reponer el procedimiento, obligando al juez de origen a investigar a fondo las denuncias de invasión en el Parque Nacional Benito Juárez y a valorar los riesgos ecológicos con una visión exhaustiva, no administrativa.
¿Por qué este fallo cambia las reglas del juego?
Hasta hoy, muchas demandas ambientales eran desechadas bajo el argumento de que el ciudadano «no tenía interés jurídico» porque la obra ilegal no estaba en su patio trasero. Con este fallo, la SCJN reconoce que los ecosistemas son bienes comunes y que su deterioro nos afecta a todos por igual.
«La justicia ambiental deja de ser un privilegio de propiedad para convertirse en un derecho de beneficio colectivo.»
Este precedente es una herramienta de oro para las comunidades que luchan contra la urbanización salvaje en zonas protegidas, de donde las autoridades de todos los niveles deben justificar sus acciones ante la ciudadanía, que ahora cuenta con un «escudo judicial» más sólido que nunca.
