DDHPO emite Recomendación 17/2025 a la SSyPC y a la Fiscalía de Oaxaca por violaciones graves a derechos humanos
Disruptivo Mx
Por violaciones a los derechos humanos a la legalidad y seguridad jurídica, al deber de cuidado y por omitir la debida diligencia en funciones de seguridad pública, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) emitió la Recomendación 17/2025 dirigida a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSyPC) —antes Secretaría de Seguridad Pública del Estado— y a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca.
Expediente: DDHPO/0342/(01)/OAX/2021
Los hechos se remontan al 21 de agosto de 2020, cuando personas identificadas como Q1 y Q2 solicitaron medidas cautelares para evitar actos de represión, intimidación o persecución contra integrantes del Frente Popular Revolucionario (FPR), previo a su participación en la Jornada de Lucha del 24 de agosto de ese año, en la ciudad de Oaxaca.
A pesar de la solicitud, las autoridades incumplieron con su deber de cuidado y omitieron tomar medidas preventivas, resultando en violaciones documentadas por la DDHPO.
Medidas ordenadas a la SSyPC:
Reparación integral del daño a víctimas directas (V1 y V2) e indirectas (VI1 a VI6 y familiares), en coordinación con la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas (CEEAIV), dentro de un plazo de 3 meses.
Atención médica especializada para V2 y atención psicológica para todas las víctimas indirectas, en un plazo no mayor a 30 días hábiles.
Medidas ordenadas a la Fiscalía de Oaxaca:
Colaborar con la SSyPC y CEEAIV para la inscripción de las víctimas en el Registro Estatal de Víctimas, en un plazo de 3 meses.
En un plazo de 15 días naturales, ordenar al Ministerio Público continuar una investigación inmediata, eficaz y exhaustiva, que incluya todas las líneas posibles y considere la participación de servidores públicos municipales, estatales o federales como posibles responsables intelectuales.
Llamado a la justicia
Esta Recomendación pone en evidencia la falta de garantías de protección de derechos humanos por parte de autoridades estatales en contextos de protesta social y subraya la urgencia de una actuación seria, pronta y efectiva para garantizar la verdad, justicia, reparación y no repetición.
