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Resolución del TEPJF, ¿es un traje a la medida?

Remington / Opinión Disruptivo Mx

Cualquier ciudadano que pierda su credencial cerca de una elección podría, teóricamente, invocar esta misma sentencia para exigir el mismo trato. Se refuerza la idea de que los plazos administrativos del INE no deben ser «fatales» para los derechos constitucionales.

Aunque el juicio (JDC) es un recurso gratuito y disponible para todos, no todos los ciudadanos tienen el conocimiento técnico ni el tiempo para interponerlo.

La implicación es que se genera una percepción de «justicia selectiva», dado que mientras un ciudadano común se resigna a no votar porque perdió su INE, un funcionario de alto nivel (como el Consejero Jurídico de Oaxaca) utiliza su sofisticado conocimiento de la ley para garantizar su participación.

Esto ensancha la brecha entre la clase política y la ciudadanía de a pie.

¿Es un ciudadano defendiendo su derecho o un funcionario asegurando su participación en un proceso clave para su grupo político?

Aunque el juicio es personal, el tiempo, el equipo legal y el análisis técnico de un funcionario de este rango suelen estar ligados a la estructura estatal.

El hecho de que un alto mando dedique energía a resolver un descuido personal (perder la INE) para participar en la Revocación de Mandato —un proceso de alto interés para el gobierno en turno— sugiere que el interés es, primordialmente, político-electoral.

Esto sienta un precedente donde los funcionarios pueden usar los tribunales para «corregir» sus propios errores administrativos, asegurando que su voto (y el de su estructura) cuente, incluso cuando no cumplieron con las reglas que el resto de los ciudadanos sí deben acatar.

Desde el punto de vista legal, el Tribunal cumple su función. Desde el punto de vista social, la resolución se siente como un «traje a la medida».

Ahora, dicha sentencia podría generar una ola de inconformidad en las casillas si otros ciudadanos intentan votar sin credencial alegando el mismo derecho, pero sin tener la sentencia en mano.

La autoridad electoral  tiene el reto de explicar por qué un funcionario sí pudo y los demás no.

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