*En 2021, el cabildo de Oaxaca de Juárez suspendió los trámites y autorizaciones de obras en la Zona de Reserva Ecológica y Área Natural Protegida del Cerro del Fortín, Cruz Blanca y el Crestón
*La aplanadora de concejales Morenitas actuó bajo la sombra de las fiestas de la Guelaguetza 2025, acusan agrupaciones ambientalistas
Carlos Hernández
Luego que el cabildo municipal de Oaxaca de Juárez, echara abajo el acuerdo de noviembre de 2021, por el cual se suspendía el otorgamiento de permisos para la realización de obras, apeo y deslindes de suelo en la Zona de Reserva Ecológica y Área Natural Protegida del Cerro del Fortín, Cruz Blanca y el Crestón, organizaciones de la sociedad civil defensoras del medio ambiente, cuestionaron la iniciativa que pasó por la aplanadora de concejales morenistas.
A través de un pronunciamiento, el Observatorio Ciudadano Comunitario de Agua y Medio Ambiente de los Valles Centrales de Oaxaca (OCCAMA), señaló que la determinación realizada bajo la sombra de las fiestas de la Guelaguetza, en poco contribuye a dar certeza jurídica a poseedores y habitantes del polígono.
Desde su punto de vista, la acción genera sospechas, al darse con sigilo e inusitada rapidez, toda vez que el pasado 29 de julio “el ayuntamiento de Oaxaca de Juárez acordó derogar el acuerdo de noviembre de 2021, que mantenía suspendidos los trámites y autorizaciones de cambio de uso de suelo en zonas de reserva del municipio”, señaló el Observatorio.
Los representantes de las ONG’s adheridas al OCCAMA, recordaron que en diversos momentos se había intentado la revocación, la última en 2023, provocando polémicas y enfrentamientos entre ambientalistas y presuntos propietarios del ejido Guadalupe Victoria y zonas aledañas.
Sin embargo, luego de la Digitalización –el pasado mes de noviembre de 2024– de los Anexos Gráficos que establece la Zona de Reserva Ecológica y Área Natural Protegida del Cerro del Fortín, Cruz Blanca y el Crestón de diciembre de 1992, se realiza como siguiente acción, la liberación de permisos de construcción.
El conflicto se centra en alrededor de mil 200 hectáreas que comprenden el Decreto.
Las Organizaciones integrantes del Observatorio, urgieron respeto a los derechos legítimos de posesión y propiedad de particulares, núcleos agrarios y comunidades, así como el derecho humano colectivo a un medio ambiente sano.
Afirmaron que la conservación de la Cordillera requiere voluntad política, ánimo de concertación y coordinación, visión estratégica y recursos financieros.
Para lo cual proponen explorar de inmediato la constitución de un fondo metropolitano con recursos y participación pública, privada y social, en concordancia con otros mecanismos ya operados, como los mecanismos de pagos por servicios ambientales del gobierno federal.
Finalmente, consideran impostergable elaborar concertadamente y convertir en ley un plan de desarrollo de la zona conurbada, con solidez técnica multidisciplinaria y consentimiento informado de los involucrados.
