*El organismo defensor denuncia posibles violaciones al debido proceso, obstáculos a su defensa y un escenario de criminalización por su labor en defensa del territorio de San Pedro Yosotatu.
— La privación de la libertad de una persona adulta mayor, indígena mixteca y defensora del territorio vuelve a colocar bajo escrutinio la actuación de las instituciones de impartición de justicia en Oaxaca.
El Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas A.C. (CEDHAPI) denunció presuntas irregularidades en el proceso penal que enfrenta Constantino Hilario Castro López, campesino mixteco de 68 años, originario de San Pedro Yosotatu, Tlaxiaco, quien desde 1997 ha participado activamente en la defensa del territorio de su comunidad.
De acuerdo con el organismo, Constantino Hilario ha desempeñado diversos cargos comunitarios, entre ellos el de presidente del Consejo de Vigilancia del Comisariado de Bienes Ejidales, desde donde ha defendido los derechos territoriales de su pueblo frente a un conflicto agrario relacionado con los límites entre San Pedro Yosotatu, San Sebastián Nopalera y su anexo Zimatlán de Lázaro Cárdenas.
CEDHAPI sostiene que su labor como defensor territorial habría provocado persecución y confrontaciones con integrantes de la familia Cruz Castro, particularmente por su desacuerdo con la supuesta solución al conflicto agrario.
El 25 de septiembre de 2024, Constantino Hilario Castro López fue denunciado ante el Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Local de Tlaxiaco por los presuntos delitos de robo específico y robo calificado, a raíz de una controversia relacionada con la posesión de un terreno en San Pedro Yosotatu.
La denuncia fue presentada por una persona identificada con las iniciales A.M.C.L., con quien mantenía un conflicto agrario.
El organismo defensor señala que existen presuntos vínculos políticos e institucionales de familiares de la denunciante que, según su denuncia, podrían haber incidido en el desarrollo del procedimiento y en la permanencia del indígena mixteco en prisión. Estas afirmaciones requieren una investigación objetiva e independiente.
El 7 de abril de 2025, Constantino Hilario fue vinculado a proceso dentro de la causa penal 221/2024, radicada en el Juzgado de Control del Circuito Judicial de la Mixteca, con sede en Tlaxiaco.
Posteriormente, el 2 de diciembre de 2025, la causa fue remitida al juez Rodolfo Jaziel Vázquez Santiago, del Tribunal de Enjuiciamiento Unitario en Materia Penal del Circuito Judicial de la Mixteca.
Uno de los principales señalamientos del CEDHAPI se relaciona con las solicitudes de revisión de la medida cautelar presentadas por la defensa los días 8 y 16 de abril de 2026.
Según el organismo, ambas solicitudes fueron desechadas de plano por el juez Rodolfo Jaziel Vázquez Santiago, sin que se celebrara una audiencia formal para debatir la procedencia de modificar la prisión preventiva.
El Centro considera que esta determinación pudo afectar el derecho de Constantino Hilario a obtener una revisión judicial efectiva de la medida que restringe su libertad.
Asimismo, cuestiona que la resolución haya tomado en consideración el acceso a servicios de salud dentro del centro penitenciario, sin abordar, a su juicio, las demás circunstancias relacionadas con la dignidad humana y la situación personal del imputado.
Otro de los hechos denunciados ocurrió durante la programación de la audiencia de debate señalada para el 23 de junio de 2026.
La organización afirma que las defensoras particulares de Constantino Hilario no fueron notificadas debidamente de dicha audiencia y que, pese a ello, se les tuvo por no presentadas y se consideró que habían abandonado la defensa.
Ante esta situación, se promovieron un juicio de amparo y un recurso de queja contra las actuaciones judiciales señaladas.
Posteriormente, ante la necesidad de garantizar su representación legal, Constantino Hilario tuvo que solicitar la intervención de otro defensor particular.
El organismo refiere que, durante las actuaciones posteriores, el juez, el Ministerio Público y el asesor jurídico insistieron en que se designara un defensor público. Finalmente, al comparecer un nuevo defensor particular y conocer el expediente, la audiencia fue diferida para el 10 de noviembre de 2026, a las 10:00 horas.
De igual manera denuncia que, en dicha audiencia, nuevamente se impidió a las defensoras particulares intervenir en favor del imputado, bajo el argumento de que habían abandonado la defensa, pese a que, según el organismo, no habían sido notificadas debidamente.
Para el Centro de Derechos Humanos, estos acontecimientos generan serias preocupaciones sobre el respeto al derecho a una defensa técnica, adecuada y efectiva, así como sobre las garantías judiciales que deben proteger a toda persona sometida a un proceso penal.













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