*Permaneció en prisión 15 años por oponerse a la tala ilegal en Aloápam
Staff | Disruptivo Mx
El defensor zapoteca Pablo López Alavez fue puesto en libertad luego de permanecer internado por más de 15 años en el Reclusorio Regional de Villa de Etla, por oponerse a la tala ilegal de árboles en la comunidad de San Isidro Aloápam, informaron organizaciones de derechos humanos.
La liberación de el activista ocurre tras una resolución de segunda instancia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, que modificó la calificación jurídica de los hechos y estableció una pena de 15 años y 3 meses de prisión por el delito de homicidio simple, pues en marzo de 2025 había sido sentenciado a 30 años de cárcel y el pago de 112 mil pesos.
«Al considerar el tiempo que el defensor había permanecido privado de libertad desde su detención arbitraria, ocurrida el 15 de agosto de 2010, la autoridad tuvo por cumplida la pena y ordenó su liberación inmediata”, detallaron.
Si bien la sentencia continúa vigente, su liberación representa un avance importante tras más de 15 años de privación de libertad», explicaron las organizaciones, entre ellas Front Line Defenders, la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) y Consorcio Oaxaca.
La liberación de López Alavez, difundida este 18 de agosto, fue ejecutada el pasado 27 de marzo, como resultado de años de lucha impulsada por su esposa, la defensora Yolanda Pérez Cruz, y organizaciones del estado de Oaxaca y de la sociedad civil mexicana e internacional.
El defensor de la tierra y la naturaleza fue detenido de manera arbitraria y torturado por personas armadas el 15 de agosto de 2010. Desde entonces y hasta este año permaneció privado de su libertad «y expuesto a más violaciones de sus derechos humanos, incluyendo el derecho a un juicio justo», mientras su familia fue desplazada forzadamente por amenazas, recordaron las organizaciones.
En 2017, el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU concluyó que la privación de libertad de López era arbitraria y motivada por su legítima labor de defensa ambiental, mientras en diciembre de 2020 un grupo de relatores especiales de las Naciones Unidas demandó su liberación y la adopción de medidas de reparación integral.
Las organizaciones señalaron que para que termine la criminalización contra el defensor se debe dictar una sentencia absolutoria a su favor y que se adopten medidas integrales de reparación del daño causado y se garantice la no repetición.
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