*El dolor que el Estado mexicano aún no repara
Disruptivo Mx
A diez años de aquella violenta jornada que marcó a fuego a Oaxaca, las heridas siguen abiertas y la exigencia de justicia permanece intacta.
El 19 de junio de 2016, un operativo policial ordenado por los gobiernos estatal y federal —bajo el mandato del expresidente Enrique Peña Nieto (PRI)— derivó en un ataque con armas de fuego contra maestros, padres de familia y pobladores que se manifestaban contra la Reforma Educativa.
Hoy, a una década de la tragedia, la impunidad sigue siendo la única respuesta oficial.
Así lo denunciaron Organizaciones de la Sociedad Civil y la Sección 22 del SNTE, quienes este viernes encabezaron movilizaciones en Asunción Nochixtlán y Tlaxiaco para conmemorar lo que califican firmemente como un “crimen de lesa humanidad”.
Memoria contra el olvido: Las calles vuelven a exigir castigo
Las actividades de este décimo aniversario no solo buscaron recordar a los caídos, sino sacudir la indiferencia institucional.
Entre marchas, una emotiva ofrenda floral en el Monumento a los Caídos y un mitin político que unió a organizaciones sociales, normalistas y familiares de las víctimas, el mensaje de la Sección 22 fue contundente:
“Manifestamos nuestro repudio a la falta de justicia y exigimos cárcel a estos personajes que siguen libres”, lanzaron.
Las cifras de un «domingo negro»
El dolor de Nochixtlán está respaldado por datos que el tiempo no ha podido borrar.
De acuerdo con el Informe Operativo “Oaxaca”, elaborado en su momento por organizaciones civiles locales, el uso excesivo de la fuerza pública dejó un saldo devastador.
- 8 vidas arrebatadas: 7 personas civiles fallecieron en Nochixtlán y 1 más en el crucero de Viguera. Salvo un caso, todas las muertes fueron provocadas por proyectiles de arma de fuego, confirmando que las fuerzas de seguridad dispararon contra la población.
- Más de 20 detenciones arbitrarias: Personas que, además, fueron sometidas a tortura.
- 226 heridos documentados: Una cifra que el mismo informe considera parcial, ya que el miedo y el pánico impidieron que muchas personas salieran de sus casas a reportar sus lesiones o a buscar atención médica por temor a represalias.
El documento recuerda que, tras verse superados por la resistencia comunitaria, el contingente de aproximadamente 1,200 policías estatales y federales se replegó hacia la capital oaxaqueña.
Sin embargo, en su retirada, arremetieron contra civiles en Huitzo, Telixtlahuaca, Hacienda Blanca y Viguera.
«Oaxaca se ha convertido en la expresión visible y material de la criminalización de la protesta social», sentenciaba aquel informe; una frase que, a diez años de distancia, sigue resonando con alarmante vigencia.
La batalla legal se muda al extranjero
Ante el desgaste y el evidente freno en los tribunales mexicanos, las víctimas y sus familias no se han rendido.
Acompañados por el Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas A.C. (CEDHAPI), recordaron que, al no encontrar una justicia integral en su propio país, han tenido que mantener y empujar procesos abiertos ante instancias internacionales de derechos humanos.
A diez años del desalojo, Nochixtlán no olvida. La exigencia de que los autores intelectuales y materiales rindan cuentas sigue viva en la memoria colectiva de un pueblo que se niega a normalizar el silencio.
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