Danzan contra las mineras en Oaxaca

Comunidades, pueblos, organizaciones y movimientos de Oaxaca danzaron en las calles para festejar y ofrendar por la vida y la resistencia.

Este día tiene un profundo significado material y espiritual en el calendario, celebramos el “Día de Rebeldía contra la Minería”.

Por lo cual, organizaron una Marcha Calenda en Defensa de los Bienes Comunes, con el propósito de reencaminarnos con la Fiesta como el ritual donde se comparte, se convive, se intercambia y se festeja, pero también para tejer lazos dignos de hermandad entre comunidades y pueblos en un territorio donde se vive nuestra lucha por la autonomía y la libre determinación.

Desde hace seis años las comunidades y organizaciones de Oaxaca reivindicamos este 22 de julio como un día de lucha, de participación, de fraternidad y de solidaridad. Nos une la causa de la defensa de los territorios y bienes comunes en contra del extractivismo y el despojo que amenaza nuestro espacio territorial, así también en contra del falso discurso del progreso y el desarrollo, con el que han engañado a nuestras comunidades para saquear nuestras riquezas. Este es el sentido y la proyección de este día.

Es en este contexto que hemos decidido alzar la voz para hacer saber al mundo que la guelaguetza no es folcklor, no solo es fiesta y baile.

La guelaguetza es nuestra forma de vida, práctica cotidiana que nos hace Pueblo para el cuidado y defensa del territorio, es lo que nos permite disfrutar en común el trabajo y sus productos, porque la guelaguetza es esencia de comunalidad.

Observamos con preocupación que a lo largo y ancho del país y del estado avanzan las obras extractivistas: la minería, hidroeléctricas, agricultura industrial, refinerías, gasoductos, fracking, explotación forestal, privatización del agua y políticas de estado que atentan contra nuestra libre determinación y territorios.

En el Istmo de Tehuantepec se pretende consolidar el Corredor Interoceánico que consiste en la modernización y ampliación de las vías del ferrocarril, carreteras, puertos y la instalación de 10 parques industriales que afectarán 90 municipios pertenecientes a los estados de Oaxaca, Veracruz, Chiapas y Tabasco, en el que habitamos 18 pueblos originarios quienes nos vemos amenazados por este megaproyecto que históricamente ha ambicionado transformar la región en un corredor industrial, comercial, energético y militar, para servir de muro de contención para las personas migrantes, convirtiéndose en la frontera y aduana más importante del mundo.

Este megaproyecto quiere ser el nudo que articule los “proyectos estrella” de la 4T como el Tren Maya, la Refinería de Dos Bocas, el Proyecto Integral Morelos, y toda la infraestructura energética que pretende interconectar estos megaproyectos en todo el país para abastecer el consumo energético de las grandes industrias y los mercados nacionales e internacionales reorganizando el sur sureste del país para el saqueo, producción y transporte de sus mercancías a costa de la destrucción y muerte de nuestros bienes naturales y nuestras vidas.

En Valles Centrales, la compañía minera Cuzcatlán no cuenta con el consentimiento de las comunidades para la explotación de su mina de plata y oro en Oaxaca, funcionarios de la SEGOB y grupos presionan a las comunidades para aceptar la ampliación de dicho proyecto.

A partir de la negativa de las comunidades organizadas, se ha generado un clima de mucha tensión en los Valles Centrales, por lo que están en riesgo comunidades zapotecas que se oponen al proyecto minero San José y a las concesiones mineras otorgadas por el gobierno federal.

Los “grupos antimineros” de los que hace mención la empresa, son autoridades locales, municipales y agrarias, quienes se han organizado a través del Frente No a la Minería, con la finalidad de defender nuestros derechos como Pueblos Indígenas: al territorio, a un medio ambiente sano, a la participación ciudadana y la libre determinación.

En la Sierra Sur de Oaxaca, asambleas y autoridades comunitarias se están organizando contra las concesiones mineras de 120 mil hectáreas que entregaron los gobiernos a las empresas sin informar ni consultar a nuestros pueblos. En el caso del megaproyecto hidroeléctrico en Paso de la Reyna en la región Costa fueron asesinados cinco defensores comunitarios en 2021 y hasta el momento no existe ningún avance en las investigaciones ni en materia de seguridad.

Estos megaproyectos se imponen mediante concesiones sin consulta, en algunos casos consultas fraudulentas, compra de autoridades, contubernio del crimen organizado, militarización y asesinatos de defensores de la tierra y el territorio.

Para lograrlo, dividen a nuestras comunidades, se violan todos los derechos humanos y ambientales y se pisotean flagrantemente los derechos colectivos de los Pueblos Indígenas consagrados en los tratados internacionales.